¡Argentina se planta! Después de tres años de vigencia de la Ley 27.350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, el Estado argentino dará a conocer la nueva reglamentación en la que se espera se garanticen las diferentes formas de acceso a las personas usuarias que utilizan el cannabis con fines terapéuticos.
La nueva reglamentación del cannabis medicinal en Argentina se demora más de lo previsto. En un principio, el boletín oficial se iba a dar a conocer en el mes de octubre, pero el Gobierno no dio señales y, por ahora, las personas que necesitan la marihuana para paliar dolencias y/o complementar y acompañar sus tratamientos siguen en la clandestinidad.
Detalles de este cambio de paradigma y métodos de acceso
Son tiempos de transformación en la Argentina en materia de cannabis. El cambio de paradigma está en la puerta de entrada y todo indica a que el Estado saldará una de las deudas de la democracia. Las informaciones apuntaban a este pasado mes de octubre, pero el Gobierno continúa retrasando mucho más de lo previsto el anuncio con el boletín oficial.
A comienzos de este 2020 caótico, el Gobierno les entregó al consejo consultivo formado por agrupaciones especialistas en la materia un borrador con la nueva reglamentación de la Ley Nacional de Cannabis Medicinal. Luego de ser analizado, hubo una devolución con diferentes observaciones. Argentina en su Ley 27.350 (2017), habilitó el uso medicinal de la planta de marihuana, pero la falta de reglamentación de artículos clave continuaba dificultando el acceso al autocultivo medicinal y el expedido de aceite en farmacias. Por dicho motivo, se lanzó la nueva propuesta para el Proyecto de Regulación del Cannabis en Argentina.
Si bien aún no se conocen los detalles de los requisitos y controles, lo concreto es que el registro de patologías dejaría de ser solo para epilepsia refractaria, expandiéndose a otras enfermedades y síntomas que con tras el dictamen anterior quedaron en un vacío legal. Con la nueva reglamentación, además, se permitiría y quedaría avalado el autocultivo para esas personas que lo necesiten por tratamientos o para paliar dolores.
Argentina va por la regulación del autocultivo de cannabis para uso medicinal pero el boletín oficial se retrasa más de lo previsto
¡Argentina se planta! Después de tres años de vigencia de la Ley 27.350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, el Estado argentino dará a conocer la nueva reglamentación en la que se espera se garanticen las diferentes formas de acceso a las personas usuarias que utilizan el cannabis con fines terapéuticos.
En principio, el boletín oficial se iba a dar a conocer en el mes de octubre, pero el Gobierno no dio señales y por ahora, las personas que necesitan la marihuana para paliar dolencias y/o complementar y acompañar sus tratamientos siguen en la clandestinidad.
Detalles de este cambio de paradigma
Son tiempos de transformación en la Argentina en materia de cannabis. El cambio de paradigma está en la puerta de entrada y todo indica a que el Estado saldará una de las deudas de la democracia. Las informaciones apuntaban a este pasado mes de octubre, pero el Gobierno continúa retrasando mucho más de lo previsto el anuncio con el boletín oficial.
A comienzos de este 2020 caótico, el Gobierno les entregó al consejo consultivo formado por agrupaciones especialistas en la materia un borrador con la nueva reglamentación de la Ley Nacional de Cannabis Medicinal. Luego de ser analizado, hubo una devolución con diferentes observaciones. Argentina en su Ley 27.350 (2017), habilitó el uso medicinal de la planta de marihuana, pero la falta de reglamentación de artículos clave continuaba dificultando el acceso al autocultivo medicinal y el expedido de aceite en farmacias. Por dicho motivo, se lanzó la nueva propuesta para el Proyecto de Regulación del Cannabis en Argentina.
Si bien aún no se conocen los detalles de los requisitos y controles, lo concreto es que el registro de patologías dejaría de ser solo para epilepsia refractaria, expandiéndose a otras enfermedades y síntomas que con tras el dictamen anterior quedaron en un vacío legal. Con la nueva reglamentación, además, se permitiría y quedaría avalado el autocultivo para esas personas que lo necesiten por tratamientos o para paliar dolores.
Métodos de acceso
¿Cómo sería el procedimiento para cultivar cannabis para uso medicinal? Se abrirá un registro para autocultivo; cultivo solidario desarrollado por un familiar de la persona que lo necesite o una tercero; y cultivo asociado creado por asociaciones civiles.
Todos estos métodos deberían contar con una prescripción médica que indique el uso de cannabis y sus derivados e inscribirse en el REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis).
El otro cambio de paradigma será la venta de productos derivados del cannabis en farmacias, en la que también se solicitaría una prescripción médica. Se podrán adquirir preparados creados en la misma Argentina. De esta manera el acceso dejaría de estar limitado solo a importaciones.
Cannabis y sus derivados para animales
La lucha de los veterinarios argentinos se hizo escuchar y en la reglamentación de la 27.350 también se incluirá el uso del cannabis y sus derivados para “no humanos”. Lo saliente de esta nueva reglamentación del cannabis medicinal en Argentina es que los investigadores que estudian las cualidades del cannabis podrán hacerlo tanto en humanos como en animales.
En cuanto a las investigaciones, se le dará un rol fundamental a las Universidades del país, tanto las públicas como privadas y tendrán el acompañamiento de las asociaciones especializadas en cannabis.
¿Cuándo sale el boletín oficial? Todavía no hay una fecha específica, pero en la Argentina ya empiezan las reclamaciones debido a la demora en la publicación prevista para finales del mes de octubre. Hoy en día, la nueva reglamentación está siendo analizada en la oficina de legal y técnica del presidente Alberto Fernández para las últimas revisiones. Tras ser anunciada, el Programa de Cannabis del Ministerio de Salud de la Nación dará a conocer los requisitos.
Mientras tanto, las personas que usan cannabis y sus derivados para tratamientos o paliar dolores continúan esperando desde la clandestinidad por una decisión política que sería mucho más respetuosa con los derechos humanos.
¿Y el uso responsable de las personas que no tienen patologías, es decir el cannabis para uso recreativo? Por ahora, nada. Lamentablemente en la agenda política no figura en lo inmediato el crear una Ley de regulación integral del cannabis que contemple todos los usos. Tampoco existe la intención de modificar o derogar la Ley de Drogas 23.737, que tiene 31 años de vigencia y estigmatiza, persigue y criminaliza a las personas sin importar el uso que le den a las sustancias. Para estos cambios de paradigmas, los argentinos deberán seguir esperando desde la clandestinidad.
Cáñamo industrial
Mientras el país espera el boletín oficial que dará a conocer la nueva reglamentación de la Ley 27350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación la propuesta que busca el desarrollo de cultivos estatales y privados.
Los usos industriales de la planta de cannabis, más conocido como cáñamo, serán una realidad en Argentina. El pasado jueves 15 de octubre, la diputada Mara Brawer (Frente de Todos) presentó en la Cámara de la Nación el proyecto de ley para impulsar el cultivo cañamero. Lo destacable es que el mismo cuenta con el respaldo de integrantes del bloque oficialista como de Juntos por el Cambio e interbloque Federal.
Además del proyecto que se presentó en Diputados, el senador Alfredo Luenzo -también del oficialismo “Frente de Todos”) creó su propio proyecto cañamero para instalar este cambio de paradigma en el Senado de la Nación. Veremos cómo continúa el avance de la marea verde en la Argentina.
La crisis económica, social y sanitaria, provocada por la Covid-19, ha puesto de manifiesto muchas de las precariedades a todos los niveles de los sistemas vigentes que rigen el país. Entre las cuestiones que subyacen, surge y urge la necesidad de crear y establecer una regulación para los distintos usos del cannabis en el Estado Español.
Las políticas de drogas actuales han demostrado que son radicalmente incompatibles con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que nos marcan la agenda internacional hasta 2030 y no solo eso sino que son inadecuadas para afrontar el reto de adaptación y desarrollo que supone la entrada a la denominada “Nueva Normalidad”. Con el objetivo general de demotivo de la generación de recursos para cumplir con estos objetivos básicos y necesarios, la Confederación de federaciones de asociaciones cannábicas (ConFAC) publica hoy un informe macroeconómico sobre la fiscalidad de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis.
Desde la Confederación, se defiende una propuesta de regulación del cannabis articulada a través de un modelo autóctono y de referencia internacional, como es el modelo de asociación de personas consumidoras de cannabis, que ha demostrado su efectividad a la hora de canalizar parte de la oferta y la demanda de cannabis, velando por la salud y los derechos de las personas consumidoras.
Durante la pandemina y, según las estimaciones de nuestra organización aproximadamente 10.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, se han visto afectados por el cierra de estas entidades, lo que además ha supuesto como consecuencia que miles de personas usuarias, entre ellas terapéuticas, hayan tenido que recurrir a redes ilícitas para acceder a la substancia, obtener su medicina, cannabis, asumiendo riesgos para su salud y la del conjunto de la sociedad.
En aras de la seguridad, y tal como establece el PNSD en la actual Estrategia Nacional Sobre Adicciones (2017/2024) “ [...] Hoy en día, la prevención se enfrenta a nuevos retos:[...] las presiones hacia la legalización del cannabis[...]son aspectos que precisan de nuevas respuestas. Es vital poner bajo control la actividad de estas entidades, por lo que se hace necesaria una renovación y revalorización de las partidas presupuestarias para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) y de partidas transversales en materia drogas, para que estas organizaciones puedan desarrollar su actividad con total eficiencia y eficacia.
El documento se desarrolla asumiendo la necesidad de establecer responsabilidades ante una realidad presente e indudable. Se calcula que el número estimado de estas entidades es de 1.500, aunque se prevé que este dato podría aumentar en un contexto de seguridad jurídica. La regulación de esta actividad puede llegar a hacer aflorar más de 20.000 puestos de trabajo en España. El balance muestra un claro beneficio económico para las arcas públicas. Se realiza una estimación que corresponde a un ingreso para el Estado de entre 218 y 607 M €. Además, esta regulación podría suponer un incremento del 0,35% del PIB anual durante los próximos años. Pero, los beneficios económicos no son lo esencial en una regulación sobre cannabis.
El informe, creado ad hoc para la propuesta de regulación del cannabis para España, muestra la idoneidad de desarrollar un marco regulatorio para la actividad de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis basado en la evidencia científica y las necesidades sociales. Estas asociaciones, con un amplio reconocimiento internacional, promueven una regulación diseñada conforme a parámetros de salud que atienden a la prevención y reducción de riesgos, donde se separe la actividad de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis de los mercados ilícitos.
Para la ConFAC, la Salud Pública, la Seguridad Ciudadana y los Derechos Humanos son los conceptos que deben guiar la regulación del cannabis, por lo que en el informe se ofrece una lista de los ámbitos que se verían beneficiados con una regulación de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis, reduciendo, entre otras cuestiones, los costes personales y comunitarios derivados de la criminalización y estigmatización causados por las actuales políticas de fiscalización y control de drogas.
Hoy, viernes, 24 de julio de 2020, hacemos llegar, al Sr. D. Fernando Grande-Marlaska Gómez, Ministro del Interior, reivindicaciones del movimiento social cannábico relativas a la reforma de la política de drogas, especialmente a la regulación de las asociaciones cannábicas. Debido a la fuerte presión policial a la que se ve sometido nuestro colectivo, por la falta de seguridad jurídica para estas entidades, creemos pertinente trasladar nuestras inquietudes y demandas.
A esta situación de inseguridad, se suma la crisis sanitaria, económica y social que pone a prueba nuestra responsabilidad y cohesión para superar nuevos retos, evidenciando la necesidad de abordar con efectividad las políticas sociales, como la consideración de acceso seguro a cannabis con fines recreativos para personas adultas. El cierre de las asociaciones cannábicas por Covid19, puso a las personas consumidoras en contacto con un mercado ilícitodonde se relacionan con la clandestinidad, no obtienen acompañamiento, se adulteran sustancias, desconocen su composición y un sinfín de impactos negativos para su salud y su seguridad. Esta situación lejos de haber sido abordada o solucionada, vuelve a estar presente ante los nuevos contagios producidos en todo el territorio español en las últimas semanas.
Tras 5 años desde su entrada en vigor, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, sigue campando a sus anchas. Los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica e información han sufrido un retroceso desde su aprobación.
Un quinto aniversario que llega en un contexto de pandemia en el que desde las organizaciones de la sociedad civil se ha manifestado la preocupación ante casos de arbitrariedad policial en la imposición de multas durante el estado de alarma.
A pesar de que la Ley Mordaza contara con la oposición del resto de los grupos parlamentarios, a pesar de las advertencias por expertos de Naciones Unidas sobre la vulneración de derechos humanos que implicaría su aplicación, y de las persistentes movilizaciones de la sociedad civil para frenarla, en marzo de 2015 se aprobó y el 1 de julio del mismo año entró en vigor.
En los años anteriores hubo un gran número de movilizaciones mayoritariamente pacíficas, marcadas por el 15M, las mareas y las marchas por la dignidad, que hicieron frente a las medidas de austeridad y los recortes adoptados por el gobierno de servicios básicos y derechos económicos y sociales como la sanidad, afectando a gran parte de la población y especialmente a grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
En aquellos años denunciamos el uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el contexto de manifestaciones, la imposición creciente de multas por la mera asistencia a movilizaciones, así como actuaciones abusivas y arbitrarias contra periodistas y fotógrafos que documentaban la labor policial, sin que estos abusos fuesen investigados de forma adecuada.
Con la Ley Mordaza se avanzó en la dirección errónea reduciendo el espacio cívico, poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica e información, aumentando las sanciones a formas legítimas de protesta, así como la cuantía de otras sanciones ya existentes.
Comprobamos que muchas de estas sanciones se aplicaban en contextos de protestas pacíficas, por ejercer la libertad de expresión o por ejercer el derecho de información. Y que la Ley Mordaza ampliaba los poderes de la policía sin establecer a su vez mecanismos independientes de control policial y rendición de cuentas, lo que podía implicar impunidad ante la prevalencia de la posición de la administración frente a los ciudadanos en todo el procedimiento sancionador administrativo.
