Propuestas presupuestarias para establecer un marco regulatorio de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis
La crisis económica, social y sanitaria, provocada por la Covid-19, ha puesto de manifiesto muchas de las precariedades a todos los niveles de los sistemas vigentes que rigen el país. Entre las cuestiones que subyacen, surge y urge la necesidad de crear y establecer una regulación para los distintos usos del cannabis en el Estado Español.
Las políticas de drogas actuales han demostrado que son radicalmente incompatibles con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que nos marcan la agenda internacional hasta 2030 y no solo eso sino que son inadecuadas para afrontar el reto de adaptación y desarrollo que supone la entrada a la denominada “Nueva Normalidad”. Con el objetivo general de demotivo de la generación de recursos para cumplir con estos objetivos básicos y necesarios, la Confederación de federaciones de asociaciones cannábicas (ConFAC) publica hoy un informe macroeconómico sobre la fiscalidad de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis.
Desde la Confederación, se defiende una propuesta de regulación del cannabis articulada a través de un modelo autóctono y de referencia internacional, como es el modelo de asociación de personas consumidoras de cannabis, que ha demostrado su efectividad a la hora de canalizar parte de la oferta y la demanda de cannabis, velando por la salud y los derechos de las personas consumidoras.
Durante la pandemina y, según las estimaciones de nuestra organización aproximadamente 10.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, se han visto afectados por el cierra de estas entidades, lo que además ha supuesto como consecuencia que miles de personas usuarias, entre ellas terapéuticas, hayan tenido que recurrir a redes ilícitas para acceder a la substancia, obtener su medicina, cannabis, asumiendo riesgos para su salud y la del conjunto de la sociedad.
En aras de la seguridad, y tal como establece el PNSD en la actual Estrategia Nacional Sobre Adicciones (2017/2024) “ [...] Hoy en día, la prevención se enfrenta a nuevos retos:[...] las presiones hacia la legalización del cannabis[...]son aspectos que precisan de nuevas respuestas. Es vital poner bajo control la actividad de estas entidades, por lo que se hace necesaria una renovación y revalorización de las partidas presupuestarias para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) y de partidas transversales en materia drogas, para que estas organizaciones puedan desarrollar su actividad con total eficiencia y eficacia.
El documento se desarrolla asumiendo la necesidad de establecer responsabilidades ante una realidad presente e indudable. Se calcula que el número estimado de estas entidades es de 1.500, aunque se prevé que este dato podría aumentar en un contexto de seguridad jurídica. La regulación de esta actividad puede llegar a hacer aflorar más de 20.000 puestos de trabajo en España. El balance muestra un claro beneficio económico para las arcas públicas. Se realiza una estimación que corresponde a un ingreso para el Estado de entre 218 y 607 M €. Además, esta regulación podría suponer un incremento del 0,35% del PIB anual durante los próximos años. Pero, los beneficios económicos no son lo esencial en una regulación sobre cannabis.
El informe, creado ad hoc para la propuesta de regulación del cannabis para España, muestra la idoneidad de desarrollar un marco regulatorio para la actividad de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis basado en la evidencia científica y las necesidades sociales. Estas asociaciones, con un amplio reconocimiento internacional, promueven una regulación diseñada conforme a parámetros de salud que atienden a la prevención y reducción de riesgos, donde se separe la actividad de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis de los mercados ilícitos.
Para la ConFAC, la Salud Pública, la Seguridad Ciudadana y los Derechos Humanos son los conceptos que deben guiar la regulación del cannabis, por lo que en el informe se ofrece una lista de los ámbitos que se verían beneficiados con una regulación de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis, reduciendo, entre otras cuestiones, los costes personales y comunitarios derivados de la criminalización y estigmatización causados por las actuales políticas de fiscalización y control de drogas.
