La guerra sin tregua: La injusta guerra contra las drogas se cobra vidas diariamente
La Confederación de Asociaciones Cannábicas (ConFAC) y la Law Enforcement Action Partnership (LEAP Europa) lanzamos este comunicado conjunto sobre los hechos ocurridos en Barbate y el posterior debate público alrededor de las diferentes “soluciones” planteadas.
Cada vez somos más organizaciones civiles, académicas y gubernamentales que reconocemos el fracaso de la guerra contra las drogas y la necesidad urgente de un cambio de rumbo. Una guerra que, cada día, se cobra vidas en ambos lados del frente. Lamentamos la muerte de los dos agentes de la guardia civil en Barbate y transmitimos nuestro más sentido pésame a sus familias, amistades y compañero/as. De igual forma que lamentamos todas las víctimas a ambos lados de esta guerra que acumula millones de vidas perdidas en todo el mundo.
Los hechos acontecidos ponen de relieve uno de los muchos efectos perniciosos de la prohibición, el incremento de la criminalidad y una espiral de violencia cada vez más despiadada entre las organizaciones delictivas que pugnan por el nicho de mercado y que se traduce en víctimas ajenas al conflicto y entre los propios cuerpos y fuerzas de seguridad. Lo vimos con la prohibición del alcohol en Estados Unidos y lo vemos desde entonces con el resto de las drogas que se mantienen en la ilegalidad.
A pesar de ello, el debate público se ha focalizado, una vez más y de forma errónea, en la necesidad de aumentar los recursos de carácter punitivo para perseguir el narcotráfico. Sin embargo, insistir una y otra vez con la misma estrategia esperando resultados diferentes es un error que no deberíamos volver a cometer. Los resultados de la Drug Enforcement Administration (DEA), la organización antidrogas de Estados Unidos con mayor dotación económica y recursos del mundo, no distan de los obtenidos por la policía de cualquier otro país, independientemente de su presupuesto.
En este sentido, declaraciones como la del Alcalde de La Línea de la Concepción Juan Franco, apuntan a la regulación y hacia un cambio de estrategia como posible vía de solución. Y es que, como ya reconoció la propia Oficina contra las Drogas y el Crimen en su Informe Mundial de 2008, una de las consecuencias ‘imprevistas’ del régimen de fiscalización es la creación de un mercado criminal sin parangón. Resultaría mucho más sensato optar por regular y que su control estuviera en manos del Estado en vez de en las de las organizaciones criminales.
Se necesita de una nueva estrategia política que plantee un modelo de abordaje desde una mirada restaurativa. Nuevas políticas de educación, medidas sociales y económicas en las que se tenga en cuenta a toda esa población que por necesidad se ve abocada a relacionarse “laboralmente” con estas organizaciones. En la actualidad municipios como La Línea de la Concepción o Barbate registran las tasas de paro más altas del Estado Español 35% y 28% sucesivamente, datos que deberían servirnos para entender que esta cuestión no va solo “sobre drogas”.
Nuestra sociedad, además, ha construido una propuesta alternativa al mercado ilícito, los Clubes Sociales de Cannabis, (CSC). Un modelo social, construido bajo los principios de transparencia con la administración, el autocultivo colectivo y la reducción de riesgos. Un modelo único y propio que, a pesar de ser perseguido en nuestro territorio, ha sido y sigue siendo modelo de inspiración para la regulación en países como Uruguay, Malta o Alemania que ya se embarcaron en este difícil camino hacia la sensatez y la responsabilidad de los Estados para empezar a tomar el control del mercado ilícito. Un modelo que se debería regular y proteger como vía de adquisición alternativa al mercado ilícito.
La persecución policial, por muchos medios y recursos que disponga, no tiene ningún impacto en el mercado de drogas ilícito, como mucho, cambia su forma, volviéndolo más eficiente, feroz y despiadado. Mientras que la intención de la prohibición de drogas es proteger a la sociedad de los daños asociados con el consumo de drogas, en la práctica, la estrategia de prohibición tiene el efecto contrario, exacerbando la violencia y el crimen en lugar de mitigarlos.
Los hechos ocurridos en Barbate subrayan la urgencia de reconsiderar las políticas de drogas y explorar alternativas como los CSC y la regulación del cannabis que puedan reducir la violencia y ofrecer soluciones más efectivas y humanas al problema del narcotráfico.
Es momento de abrir un diálogo inclusivo, maduro y sincero que considere todas las perspectivas, un diálogo que no deje a nadie atrás y que explore soluciones innovadoras que prioricen la salud pública, la seguridad y el bienestar de nuestra sociedad. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más segura y justa.
Comunicado Conjunto de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (CONFAC) y LEAP Europa
Referencias:
- https://www.globalcommissionondrugs.org/reports/enforcement-of-drug-laws
- https://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf
