Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones

Buenas tardes señorías, muchas gracias por darnos la oportunidad de comparecer hoy ante esta comisión. Gracias a Esquerra Republicana de Catalunya por registrarla y darnos voz. Y, gracias a todos aquellos partidos que siguen trabajando por unas políticas de drogas más justas y eficaces así como por los derechos de las personas usuarias y cultivadoras de cannabis en el Estado Español.

Antes de nada, queremos recordar a sus señorías que es la tercera vez que el movimiento cannábico comparece ante esta comisión, pues lo hizo en 2001, 2014 y 2022. Una vez cada década en los últimos 30 años, creemos oportuno remarcar que los reclamos y denuncias que vamos a exponer a continuación no distan mucho de las expuestas entonces, evidenciando ya desde un inicio que las políticas sobre cannabis en este país apenas han sido actualizadas a lo largo de los años, que distan mucho de adaptarse al ritmo de la transformación social y al del movimiento de reforma internacional.

La Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas, ConFAC, fue constituida en 2017, como una consecuencia del crecimiento natural de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) creada en 2003. Somos una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que interviene en el ámbito del cannabis, más específicamente, abogando por la regulación de los denominados Clubes Sociales de Cannabis y trabajando por el reconocimiento de los derechos de las personas usuarias, el cultivo personal y el colectivo.

Actualmente aglutinamos a más de 100 clubes en todo el Estado y trabajamos en red con múltiples entidades del tercer sector social, entre ellas entidades de Reducción de Riesgos y Daños y organizaciones dedicadas a los Derechos Humanos o la Política de Drogas. Como UNAD o No Somos Delito, entre muchas otras. Representamos a más de 15.000 personas usuarias afiliadas a ConFAC. Aunque hoy, no estamos aquí sólo para defender sus intereses, sino los de todos los clubes y asociaciones del Estado Español, que son aproximadamente unas 1500 entidades y, también, los derechos de las personas cultivadoras que demandamos que nuestra actividad sea reconocida y dignificada.

A nivel Internacional legislar sobre autocultivo y CSCs no perjudica los compromisos en materia de estupefacientes contraídos por el Estado español, ya que este modelo se deriva de un constructo lógico-jurídico del uso personal. La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefaciente y Sustancias Psicotrópicas de 1988, en su artículo número 3.2, excluye la obligatoriedad de sancionar penalmente el uso personal y las conductas relativas, en base a la interpretación de las Constituciones de los Estados Miembro.

Según el informe del 2018 de la Universidad de Swansea, escrito por la Dra. Constanza Sánchez Avilés y el experto en materia de políticas de drogas Michael Collins, la actividad de los CSCs puede enmarcarse en la interpretación de las tratados basada en los derechos humanos. Cuestión acordada también en la Sesión especial de la Comisión de Estupefacientes UNGASS 2016, donde se reconoció la autonomía de la que disponen los países miembro de las Naciones Unidas para legislar ciertos aspectos sobre drogas en su territorio.

La regulación integral del cannabis es inexorable y es cuestión de tiempo que también ustedes, nuestros representantes, tengan que abordar esta realidad. Ha quedado demostrado que las políticas punitivas no han impedido que las personas consuman drogas. En todo caso, la prohibición sí ha facilitado que lo hagan en condiciones no seguras. Ya empiezan a ser varios los países que han regulado el acceso al cannabis como mecanismo de control de la demanda: Uruguay 2013, Canadá 2017, Malta 2021 o algunos estados de Estados Unidos… Y muchos otros se han comprometido firmemente, como Alemania, Luxemburgo o la República Checa.

En el Informe Europeo sobre Drogas 2022 del Observatorio Europeo de Drogas y  Adicciones se reconoce la necesidad de seguir avanzando en investigación sobre modelos de regulación, con seguimiento y monitoreo de las políticas públicas sobre cannabis que se implementen en Europa. España es un país clave cuando hablamos de cannabis. La realidad social, cultural y científica en esta materia, avanza más rápido que la maquinaria legislativa y pone en evidencia o bien, la falta de voluntad, o bien de capacidad para dar respuesta a este fenómeno.

El modelo español es uno de los más replicados a nivel global. Según el último mapeo europeo de Clubes Sociales de Cannabis realizado, en 2020, por la Universidad de Gante, encontramos que estas entidades existen en 13 países de la Unión Europea, lo que indica su extensión en el continente.

En el ámbito Europeo, ya en 2006 el comisario Frattini contestó una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea, realizada por el eurodiputado italiano Giusto Catania, que abordaba una cuestión relativa a los Clubes Sociales de Cannabis promovida por la asociación Pannagh y FAC, a la que el comisario contestó (cito textualmente). “El alcance de la Decisión Marco no cubre el cultivo exclusivamente para consumo personal, esto se define por la ley nacional¨. Por lo tanto, la regulación del autocultivo y de las asociaciones cannábicas es posible y está en sus manos. Es una decisión que les compete a ustedes señorías, es una simple cuestión de VOLUNTAD y VALENTÍA POLÍTICAS.

SEÑORÍAS, ¿VAN A PERMITIR QUE NOS QUEDEMOS ATRÁS?

En el Estado español el cannabis es la droga ilegal (5a posición por detrás del Alcohol, tabaco e hipnosedantes con y sin receta)  más consumida, según el último informe de  la encuesta EDADES. El 10,5% de la población entre 15 y 64 años, es decir más de 3 millones de personas, asegura haber consumido cannabis en el último año, y el 37,5% , más de 11 millones, alguna vez en la vida (Datos no actualizados desde el 2019).

En el informe de presentación de esta misma encuesta, encontramos:

De este 10,5% de personas que han consumido en el último año, el 14,6% de mujeres y un 16,2% de hombres accedieron al cannabis a través de asociaciones o clubes cannábicos, hecho que demuestra que la población que no tiene la posibilidad de cultivar, se organiza para acceder a la sustancia al margen de las redes criminales.

Que del total de las personas consumidoras solo un 3% de hombres y un 0,9% de mujeres desarrollaron algún tipo de problema asociado al consumo, evidenciando que la mayoría de personas consumidoras tienen una relación responsable con la sustancia.

Es evidente que hay que regular, la cuestión es cómo, ¿Saben ustedes cómo regular el cannabis en España? En el contexto nacional tenemos una situación privilegiada cuando hablamos de cannabis, un clima favorable, un movimiento social fuerte y una cultura cannábica arraigada. Aspiramos a una regulación que no banalice, ni demonice el consumo de cannabis, queremos una regulación que responda a los intereses reales del conjunto de la sociedad española y no a los intereses de unos pocos. Queremos una regulación que no deje a nadie atrás.

Y es por ello que, ante el inmovilismo del poder legislativo, especialmente de los partidos mayoritarios, nosotras venimos a proponer, a trabajar y a tender puentes. No somos delincuentes, somos personas, somos ciudadanas y reclamamos el derecho legítimo a ser  usuarias y cultivadoras de cannabis.

Las asociaciones cannábicas son un modelo normalizado en nuestra sociedad, nacieron para prevenir los riesgos asociados a los mercados ilícitos, pero además han resultado ser una herramienta efectiva y eficaz para la implementación de políticas públicas diseñadas bajo criterios de salud y derechos humanos. Un instrumento indispensable para hacer llegar información sobre daños y riesgos a la población diana, mediante un sistema de gestión de placeres no estigmatizante y no invasivo, que promueve el tejido social y el intercambio de experiencias, creando un contexto que facilita las buenas prácticas y hábitos menos nocivos en relación al consumo.

Disponemos de un modelo de regulación que es ya una realidad en nuestro país, aprovechemos esta oportunidad para regular el acceso al cannabis para las personas usuarias de cannabis. Es hora, de hacer frente al bloqueo del Estado español. Judicializar la salud de las personas es una mala receta. La gobernabilidad incide en la capacidad del sistema político para dar respuesta a la demanda social, regulando a través de la adopción de soluciones eficaces, en igualdad de condiciones y bajo el argumento del interés general.

Regularlas no es más que ordenar ALGO QUE YA ESTÁ, QUE YA EXISTE Y QUE YA FUNCIONA.

El circuito de abastecimiento del Club Social de Cannabis, consiste en llevar a cabo las tareas de cultivo, transformación y dispensación segura y controlada de cannabis, exclusivamente para personas inscritas en el programa. REGULAR es conseguir la seguridad jurídica del ciclo completo del cultivo, garantizando controles de calidad efectivos, reduciendo riesgos y protegiendo la ¡SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICAS!

Incluso la policía y la administración municipal coinciden en que su existencia ha reducido la venta y el consumo de cannabis en la calle. Un estudio publicado en el Journal of Drug Issues en 2019 sostiene que los clubes contribuyen a que las personas consumidoras estén más y mejor informadas sobre el uso de la sustancia.

Además, el abastecimiento de cannabis a pequeña escala y de cercanía reduce la contaminación por transporte o por cultivos de interior. El World Drug Report 2022 indica que la reducción de la huella de carbono y de los gases de efecto invernadero se vería favorecida si se pasaran a cultivar las plantas de cannabis en el exterior. Por lo tanto, la regulación del cultivo de las asociaciones favorece a las políticas ecológicas y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

No es nada nuevo señorías, todas ustedes saben qué es un Club Social de Cannabis, casi todos los partidos de esta cámara han trabajado y votado a favor de alguna disposición que pusiera marco normativo a la actividad de estas entidades en algún nivel de Gobierno. El trabajo que se hizo en Euskadi, Navarra y Catalunya son un buen ejemplo de cómo la sociedad civil ha logrado trabajar de manera conjunta con la clase política y cómo estos últimos se han dado cuenta de la mejora social que supone la implementación de los CSC.

Cabe destacar que todas las iniciativas legislativas que se han dado a nivel autonómico han sido anuladas por el Estado. A su vez, varias sentencias de los Altos Tribunales exhortan al legislador a poner orden en esta realidad que excede de las competencias judiciales y autonómicas. Son ustedes los que tienen una tarea pendiente, convenzan HOY a los que tienen el poder de decisión. Porque MAÑANA SERÁ TARDE.

Cualquier Regulación sobre Cannabis debería servir a los intereses de la salud pública y el bienestar, y no los del negocio. Sus señorías deberían extraer de esta exposición que se debe asegurarse que el poder central de toma de decisiones reguladoras recae sobre las autoridades de la salud pública y no sobre los empresarios o aquellos que los representan.

Por ello, desde ConFAC, venimos a la casa de la soberanía nacional, a decir que NO PODEMOS SEGUIR ESPERANDO Y QUE NO PODEMOS SEGUIR ASÍ.

DEJEN DE REPRESALIAR Y UTILIZARNOS COMO EXCUSA PARA NO ASUMIR SUS RESPONSABILIDADES, Sabían que…

Según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en el año 2021, el 70% del total de lo recaudado por la LO 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, corresponde a la infracción por consumo o tenencia en vía pública, (tipificado en el artículo 36.16). Si tenemos en cuenta que el cannabis es la droga ilegal más consumida en el Estado español, podemos asegurar que este es el colectivo más numeroso afectado  por la aplicación de esta ley.

Sin olvidar la ley de tráfico, que necesita una reforma en lo relativo a las pruebas de droga en carretera, ya que existe suficiente bibliografía científica así como leyes de derecho comparado que permiten establecer que una mínima presencia de THC en el organismo no afecta a las capacidades psicofísicas para la conducción. Además, habría que someter los aparatos de detección de drogas y los aparatos de laboratorio a la ley de control metrológico del Estado, ya que hoy en día cada fabricante y cada laboratorio establece una calibración, lo que afectaría al art. 14 del Texto Constitucional que protege y reconoce el derecho a la igualdad ante la ley.

Queremos dejar constancia en esta sala, que no es solo un sentimiento o percepción, la realidad es que las políticas de este país criminalizan, persiguen y estigmatizan a las personas usuarias y cultivadoras de cannabis, ciudadanas como ustedes, sobre las que recae el peso del castigo administrativo y penal por el simple hecho de querer acceder a una sustancia evitando los canales ilícitos que se generan por la falta de regulación. La judicialización de las políticas sobre drogas satura nuestro sistema penal y genera un ingente gasto público que podría ser derivado a incrementar la inversión en políticas educativas y de salud.

¿Saben sus señorías que hay personas que van a la cárcel por querer cultivar cannabis de manera legal?,

¿Saben sus señorías las cientos de miles de historias de vidas truncadas por los largos procesos judiciales? Condenas de banquillo que nublan el día a día de las personas que las sufren. Desgaste y ruina personal.

¿Saben ustedes que se derrochan miles de millones de euros en desproporcionadas operaciones policiales y judiciales?

Mientras ustedes intentan convencer a la sociedad sobre lo malo que es consumir cannabis y lo poco responsables que somos las personas que lo usamos, se otorgan licencias a empresas que lo cultivan, venden y exportan a países donde sí es legal. Este doble rasero ejemplifica claramente su visión sobre el cannabis: el cultivo será ilegal, menos para unas pocas empresas que se puedan permitir los inalcanzables costes asociados a la obtención de licencias.

¿Van a seguir dando la espalda a esta incoherencia? Señoras y señores, dejen de mentir, dejen de engañar en nombre de la SALUD PÚBLICA, y reconozcan que les incomodamos,  el cannabis es el elefante en la habitación, todos sabemos que es una realidad, pero nadie se atreve a abordarla.

Las injusticias y desigualdades que genera la prohibición se perpetúan en un sistema perverso que fomenta la corrupción, la delincuencia y el blanqueo de capitales a gran escala. Por no hablar de las posibles derivaciones de flujos monetarios al terrorismo. ESTO NO PUEDE CONTINUAR Y USTEDES TIENEN LA POTESTAD PARA PONER LA PRIMERA PIEDRA DEL CAMBIO.

El cannabis no es una cuestión de color político, y a estas alturas o bien es IGNORANCIA o bien es una HIPOCRESÍA pensar que la hierba en este país aparece por arte de magia en las estanterías de nuestros hogares y que las personas usuarias de cannabis se van a conformar con consumir una hierba de la que desconocen la calidad o procedencia.

Por desgracia, estos últimos años venimos observando como distintos gobiernos han adoptado líneas de acción que amenazan las Iniciativas que desde el colectivo cannábico hemos construido. Cultivadoras, empresas, activistas y clubs están siendo amenazados.

Nos podrán sancionar, nos podrán perseguir, pero no nos van a parar. Si algo hemos demostrado como colectivo es que somos capaces de resistir, que nos adaptamos a los desafíos, que somos la perfecta definición de lo que significa RESILIENCIA.

A todas aquellas personas usuarias, autocultivadoras y asociaciones que nos estáis escuchando, que nos acompañéis, estamos aquí para defender vuestros derechos, estamos aquí para daros voz, para luchar por vuestros intereses. este modelo único, lo hemos creado entre todos y todas, y hoy saldremos de aquí con la cabeza bien alta y orgullosas del movimiento en el que nos hemos convertido.

Sumaros, movilizaros, sigamos haciendo ruido, y demostremos que no descansaremos hasta conseguir nuestro objetivo, una regulación del cannabis inclusiva que integre la realidad de cada una de nosotras.

Para concluir señorías. Hoy hemos venido a exigirles una vez más que piensen en la gente. Es hora de asumir los retos y oportunidades del momento político que afrontamos. Partimos de la experiencia de los últimos años, de los proyectos y luchas en las que hemos participado, que nos han llevado a darnos cuenta de la necesidad de dotarnos de herramientas e infraestructuras que perduren en el tiempo. En este sentido, ponemos el foco de nuestras fuerzas y objetivos en que las personas usuarias de cannabis sean el centro del desarrollo de las políticas de drogas futuras.

QUEREMOS QUE NOS ESCUCHEN Y QUE NOS TENGAN EN CUENTA

NADA DE NOSOTRAS, SIN NOSOTRAS

Y es por ello que EXIGIMOS una regulación para nuestra actividad:

Que garantice la seguridad jurídica y cese la criminalización para autocultivadoras, grow shops, productoras de semillas  y Clubes Sociales de Cannabis.

Que se reconozca el derecho al cultivo individual y colectivo, así como los circuitos de abastecimiento regulados, sin necesidad de imponer licencias con tasas millonarias.

Que se reconozca y repare el daño causado a las víctimas, personas como usted y como yo, con nombre propio, Fernanda de la Figuera, Antonio Moreno, Martín Barriuso, Moncho, Jose Afuera, Maite , Anna, Albert Tió, Josetxu, Victor Sagués, Francisco, Javier…   y muchas otras y otros que nos hemos visto afectadas y seguimos afectadas por la guerra contra las drogas en este país.

Que se proclame una amnistía para todas las personas presas de este país por causas no violentas relacionadas con drogas.

Que se regule la producción y venta de productos de  CBD.

Que la Fiscalía deje de imputar a los CSC con el cargo de organización criminal.

Que el Plan Nacional Sobre Drogas cree un grupo de trabajo en el que se incorpore la voz de las personas consumidoras, las protagonistas de esta cuestión.

Que se derogue la ley mordaza y demás disposiciones que criminalizan a las personas usuarias, como la ley de tráfico.

Que se dediquen más recursos a dar información objetiva a la ciudadanía, a programas de reducción de riesgos a los grupos vulnerables y a estudiar el fenómeno cannábico imparcialmente.

En definitiva, queremos una Ley que ponga el foco en las personas y su salud, que sea dinámica y se adecue a la velocidad de transformación de nuestra sociedad,  que tenga en cuenta el conocimiento adquirido por las personas que tanto tiempo llevamos trabajando esto. Nuestro país se merece unas políticas de drogas MEJORES, MÁS JUSTAS Y EFICACES, ¿REGULAMOS DE UNA VEZ POR TODAS?

Esperamos sus señorías, que la TERCERA SEA LA VENCIDA.

Quedamos a su entera disposición para cualquier duda o aclaración que pueda surgir.

 

¡Gracias por su atención!

 

 

 

 

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