Hoy, viernes, 24 de julio de 2020, hacemos llegar, al Sr. D. Fernando Grande-Marlaska Gómez, Ministro del Interior, reivindicaciones del movimiento social cannábico relativas a la reforma de la política de drogas, especialmente a la regulación de las asociaciones cannábicas. Debido a la fuerte presión policial a la que se ve sometido nuestro colectivo, por la falta de seguridad jurídica para estas entidades, creemos pertinente trasladar nuestras inquietudes y demandas.
A esta situación de inseguridad, se suma la crisis sanitaria, económica y social que pone a prueba nuestra responsabilidad y cohesión para superar nuevos retos, evidenciando la necesidad de abordar con efectividad las políticas sociales, como la consideración de acceso seguro a cannabis con fines recreativos para personas adultas. El cierre de las asociaciones cannábicas por Covid19, puso a las personas consumidoras en contacto con un mercado ilícitodonde se relacionan con la clandestinidad, no obtienen acompañamiento, se adulteran sustancias, desconocen su composición y un sinfín de impactos negativos para su salud y su seguridad. Esta situación lejos de haber sido abordada o solucionada, vuelve a estar presente ante los nuevos contagios producidos en todo el territorio español en las últimas semanas.
Tras 5 años desde su entrada en vigor, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, sigue campando a sus anchas. Los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica e información han sufrido un retroceso desde su aprobación.
Un quinto aniversario que llega en un contexto de pandemia en el que desde las organizaciones de la sociedad civil se ha manifestado la preocupación ante casos de arbitrariedad policial en la imposición de multas durante el estado de alarma.
A pesar de que la Ley Mordaza contara con la oposición del resto de los grupos parlamentarios, a pesar de las advertencias por expertos de Naciones Unidas sobre la vulneración de derechos humanos que implicaría su aplicación, y de las persistentes movilizaciones de la sociedad civil para frenarla, en marzo de 2015 se aprobó y el 1 de julio del mismo año entró en vigor.
En los años anteriores hubo un gran número de movilizaciones mayoritariamente pacíficas, marcadas por el 15M, las mareas y las marchas por la dignidad, que hicieron frente a las medidas de austeridad y los recortes adoptados por el gobierno de servicios básicos y derechos económicos y sociales como la sanidad, afectando a gran parte de la población y especialmente a grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
En aquellos años denunciamos el uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el contexto de manifestaciones, la imposición creciente de multas por la mera asistencia a movilizaciones, así como actuaciones abusivas y arbitrarias contra periodistas y fotógrafos que documentaban la labor policial, sin que estos abusos fuesen investigados de forma adecuada.
Con la Ley Mordaza se avanzó en la dirección errónea reduciendo el espacio cívico, poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica e información, aumentando las sanciones a formas legítimas de protesta, así como la cuantía de otras sanciones ya existentes.
Comprobamos que muchas de estas sanciones se aplicaban en contextos de protestas pacíficas, por ejercer la libertad de expresión o por ejercer el derecho de información. Y que la Ley Mordaza ampliaba los poderes de la policía sin establecer a su vez mecanismos independientes de control policial y rendición de cuentas, lo que podía implicar impunidad ante la prevalencia de la posición de la administración frente a los ciudadanos en todo el procedimiento sancionador administrativo.
versión actualizada Asociaciones cannábicas presentan Guía de Buenas Prácticas para el desconfinamiento. Alrededor de 10.000 puestos de trabajo destruidos y miles de personas usuarias terapéuticas abocadas a mercados ilegales
La crisis provocada por la epidemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una regulación para este sector, que se ha quedado desamparado durante el período de cuarentena. Como consecuencia, miles de personas usuarias se han visto abocadas a redes ilícitas para obtener su cannabis, con los consecuentes riesgos para su salud y para la propagación del virus. Mientras que donde se goza de una regulación, se ha garantizado este servicio ante la alta demanda, véase en San Francisco o en los Países Bajos.
Según nuestras estimaciones, alrededor de 10.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, se han visto afectados por el cierre de estas entidades, dejando a muchas de estas personas en un limbo, ya que a la falta de regulación se añade la falta de un convenio laboral al que acogerse, con verdaderos problemas para conseguir continuar con sus actividades sin constituir un riesgo jurídico para juntas directivas y asociadas.
Dicha inseguridad se extiende a las miles de personas vulnerables, que por motivos terapéuticos acceden a su paliativo mediante el servicio que ofrecen las asociaciones; las cuales no pueden acceder con las garantías necesarias a sus tratamientos; o han tenido que recurrir a mercados informales donde la calidad y condiciones de higiene no pueden ser controladas; o no cumplen con sus necesidades específicas.
Numerosas entidades supranacionales, como el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías o la Asociación Internacional de los Cannabinoides como Medicina, han advertido de los riesgos que conlleva no garantizar el acceso a los servicios para estos perfiles, con consecuencias devastadoras para las personas y para la sociedad.
Ante la sensación de desprotección, desde la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas, presentamos hoy la Guía de Buenas Práctica para el desconfinamiento de los espacios privados de consumo cannábicos, que tiene como objetivo remarcar aspectos clave de cara a la contención del virus, adaptando las medidas y recomendaciones del Gobierno a la doctrina que guía nuestras actividades y a las especificidades del sector.
Un año más os convocamos para celebrar la Marcha Mundial de la Marihuana, la vigesimocuarta. Celebrar porque festejamos que no nos han vencido, porque nuestras razones son más fuertes y convincentes que las suyas y porque el camino que hemos recorrido hasta aquí ya está llegando a su fin. La absurda hipocresía sobre el cannabis tiene los días contados.
Sin embargo, dadas las circunstancias, este año no nos podremos reunir en la Puerta de Sol para repartir cientos de globos verdes y recorrer la Gran Vía con una bonita pancarta defendiendo nuestros derechos. Este año nos tenemos que quedar en casa. Pero eso no significa que tengamos que renunciar a hacer visible nuestro mensaje, no hay excusa para dejar de defender los derechos de los millones de personas usuarias de cannabis que en todo el mundo sufren las consecuencias de unas políticas prohibicionistas tan absurdas como ineficaces. Por eso, este año la manifestación va a ser distinta, la vamos a celebrar de forma virtual y simultánea a través de internet y de las RRSS, como parte de una Global Marijuana March #GMM20 organizada en más de 70 países, juntos, porque no hay distancia ni confinamiento que pueda separarnos.
Este año la XXIV Marcha Mundial de la Marihuana pasa por tu casa. Sábado 2 de mayo entre las 10:00h y las 24:00h.
Como todas sabréis a estas alturas, la emergencia sociosanitaria que nos acompaña día a día ha supuesto la rotunda parada de toda actividad en conformidad con el decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo, desde entonces, todas nuestras actividades asociativas se han visto aplazadas hasta nuevo aviso. El confinamiento decretado está empezando a suponer un problema para las personas usuarias que pretenden abastecerse en este difícil momento y sobre todo para las personas que hacen un uso terapéutico de la planta y que estos días ven imposible el acceso a su medicina, hecho que afecta enormemente a su calidad de vida.
Es por eso que, desde el movimiento Cannábico, os pedimos encarecidamente que os unáisa la campaña #CannabisLícito, integrada por decenas de entidades de todo el Estado y miles de personas consumidoras, se unen para exigir al gobierno que adopte medidas que garanticen los derechos sociales y los instrumentos que verdaderamente inciden en la protección de la salud y en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas consumidoras de cannabis.
Desde hace varias décadas la cultura cannábica está cada vez más arraigada en nuestra sociedad. En este proceso, muchos agentes sociales, han contribuido a sensibilizar sobre la inseguridad jurídica que viven las personas consumidoras y, asimismo, han realizado propuestas para que las personas consumidoras de cannabis puedan acceder a una sustancia de calidad, sin tener que ser sancionadas.
La normalización social del cannabis y de las personas que lo consumen en cualquiera de sus formas evidencian la necesidad de ir acompañadas de una normalización jurídica, basada en el libre desarrollo de la personalidad, y en otros derechos y libertades propias del Estado social y democrático de Derecho. A tal fin, el cannabis debe formar parte de la agenda política, capaz de poner en práctica una nueva política donde los derechos y libertades, así como los aspectos sociales, educacionales, preventivos y de reducción de daños, sean los ejes centrales.
