¿Abrimos el debate del cannabis?
Reducción de Riesgos y sostenibilidad para una política sobre cannabis basada en la evidencia y el respeto a los Derechos Humanos. Las entidades reformistas plantean modelos de regulación que ponen a las personas usuarias en el centro de estas políticas públicas.
El actual estatus legal del cannabis, se consolida en la convención única de 1961 sobre estupefacientes de Naciones Unidas, este tratado, firmado por 185 países, tuvo un marcado enfoque punitivo, en el que se comprometían a reestructurar su marco legislativo interno para cumplir con los principios recogidos en esta convención, que perseguiría conseguir ‘’un mundo libre de drogas’’. El Sistema de Fiscalización Internacional de Drogas lleva más de 58 años librando una guerra sin victoria, una guerra que ha costado miles de vidas, miles de millones de dinero público y titánicos esfuerzos. Varios líderes globales, reunidos en la Comisión Global de Política de Drogas en 2011 constataron que la guerra contra las drogas había fracasado y que había llegado el momento de pasar de un enfoque punitivo a un enfoque basado en los Derechos Humanos y la Reducción de Daños.
Las políticas punitivas no han funcionado. El cannabis continúa siendo la droga ilegal más consumida del planeta y de acuerdo con el Informe Europeo de las Drogas y las Toxicómanas de 2018, se estima que 87,6 millones de adultos europeos, de 15 a 64 años (26,3%), han consumido cannabis en algún momento de su vida. Según la 'XII Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES) 2017/2018', elaborada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el 11% de los españoles ha consumido cannabis en el último año, el porcentaje de personas que reconocen haberlo probado alguna vez en su vida se sitúa en un 35,2%. Según el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, 16.400.000 personas han consumido cannabis en España alguna vez en la vida. Las administraciones públicas centran su intervención en dos vías exclusivamente, la Reducción de Daños y la vía punitiva, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado imponen cada día en España 1,043 multas por tenencia y consumo de drogas en la vía pública. El coste público de sancionar y procesar estas sanciones es elevadísimo, no hay una estimación oficial pero calculamos que se destinan más de 4,000 agentes al día a perseguir conductas relativas al uso personal de drogas. El gasto público total destinado a asuntos relacionados con drogas ascendió a casi 320 millones de euros en el año 2016.
En este contexto nos encontramos con una política de drogas obsoleta, ineficaz y con unos elevados costes económicos y policiales, que deja casi tres millones de españoles en la ilegalidad, en contacto con una sustancia sin controles de calidad y en manos de un mercado ilícito, en muchos casos, vinculado con el crimen organizado y la violencia. Es el momento de emprender un nuevo enfoque basado en las evidencias científicas y en la protección de la salud de las personas usuarias de cannabis. Un enfoque por el que transitan países como Uruguay o Canadá, un cambio en las actuales políticas de drogas que ponga los derechos de las personas usuarios en el centro de las mismas, incluyendo su derecho a la Salud y por tanto el necesario enfoque basado en la Prevención de Riesgos asociados al consumo, necesario para cualquier modelo de regulación de drogas. Pasar de unas políticas públicas que atajan el problema con mano dura y tolerancia cero, a unas con un enfoque humanista que pase por el respeto a la dignidad de las personas usuarias de drogas y se base en el diálogo con la Sociedad Civil para desarrollar las reformas en esta materia.
Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). A la pregunta de si consideraría adecuado regular el cannabis, quedaba reflejado que el 84% de los españoles se muestra favorable a regular el consumo de cannabis con fines terapéuticos. La cifra de los que abogan por regular también su uso con fines recreativos es del 47%, esta se eleva en los jóvenes. El 60% de los encuestados que se encuentran entre los 18 y los 24 años aprobaría esta medida, mientras que entre los más mayores, de los 65 hacia arriba, la cifra disminuye hasta el 24,5%. La investigación elaborada por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, un centro privado e independiente creado por FAD, a partir de una encuesta online a 1.205 adolescentes y jóvenes entre 16 y 34 años, analiza la representación social del cannabis y sus tendencias evolutivas. En términos generales, el cannabis se considera mayoritariamente una sustancia peligrosa. Sólo un 14% minimiza su riesgo o peligrosidad, frente a un 60% que cree que es bastante o muy peligrosa. Paralelamente, casi el 60% se muestra permisivo con el consumo en adultos, frente al 26% que apuesta por la prohibición total. En cuanto a la distribución, más de la mitad (53,6%) apostaría por su dispensación en espacios autorizados. La percepción social del cannabis ha cambiado, y a la vista de los resultados obtenidos se puede decir que la sociedad está preparada para dar un paso más en el camino a su regulación.
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) realizó recientemente una investigación donde la regulación arrojaría elevados ingresos a las arcas públicas. Según sus números, España recaudaría más de 1.500 millones en impuestos indirectos como el IVA y más de 1.800 en gravámenes directos como el impuesto de sociedades o el IRPF, ya que para mantener la actividad del sector serían necesarios cerca de 92.000 puestos de trabajo. La evidencia demuestra que las regulaciones basadas en monopolios u oligopolios generan controversias con el concepto de Salud Pública, como han demostrado las regulaciones del tabaco o el alcohol. Por ello, para el cannabis se buscan modelos transversales basados en la sostenibilidad, los Derechos Humanos y la salud de las personas, modelos de bajo riesgo como el cultivo para uso personal y los Clubes Sociales de Cannabis.
Las incautaciones de plantas de cannabis en España han aumentado en cinco años, entre los años 2013 y 2018. En concreto, la Policía Nacional ha pasado de intervenir 176.165 plantas en 2013 a 981.148 en el año 2018. El afán por la incautación de plantas de cannabis ha convertido a la Policía Nacional en líder internacional contra el cultivo y el tráfico de marihuana, gracias a la puesta en marcha de un operativo pionero en Europa, denominado Operación Verde, que ha contado con más de 2.000 agentes especializados en la lucha contra el narcotráfico de toda España. Debido a la falta de un marco claro de regulación del cannabis, estas cifras demuestran que el crimen organizado ve facilidades para establecerse en el Estado español. Y a su vez, en este marco represivo, muchas personas usuarias ven mermados sus derechos cuando se trata de conductas relativas al consumo de cannabis, como la posesión o el cultivo para uso personal.
En estas olas punitivas, también se actúa en contra de las conductas relativas al uso personal, lo que perjudica al interés general y vulnera ciertos derechos de los ciudadanos usuarios de cannabis. Los Clubes Sociales de Cannabis son asociaciones que se abastecen de cannabis. Son espacio destinados exclusivamente a personas socias, todas mayores de edad y en un ámbito privado, sin alcanzar a terceras personas, para evitar acudir a los mercados ilícitos y evitar sus riesgos asociados. Además de generar conductas menos perjudiciales relativas al uso de cannabis, y de esta manera participando activamente en la mejora de la sociedad. La viabilidad de los Clubes Sociales de Cannabis queda demostrada con la experiencia de más de veinte años de asociaciones pertenecientes a la Confederación de Asociaciones Cannábicas (ConFAC). Con el apoyo de las Instituciones, este modelo puede reducir los principales problemas asociados al cannabis; disminuiría el volumen de las redes criminales, las personas usuarias podrían acceder a una sustancia no adulterada cultivada bajo unos estándares de calidad claros y se impediría el acceso a menores de edad, con lo que además se reduciría la probabilidad de futuros malos usos de la sustancia. Los CSC ahora operan en varios países del mundo bajo regímenes legales muy diferentes y en contextos sociopolíticos diversos.
En los últimos años, el cambio de percepción sobre la política de drogas está dando un giro progresivo hacia la despenalización del consumo y hacia la regulación de circuitos de abastecimiento de cannabis regulados. El fracaso de las actuales políticas públicas en materia de drogas está haciendo que en muchos lugares se plantee una reflexión profunda sobre la necesidad de un cambio de paradigma, virando el foco hacia la protección de la salud pública y los derechos de las personas usuarias. El binomio entre la Sociedad Civil y las instituciones es fundamental para conseguir articular una política de drogas basada en la evidencia desde un prisma interdisciplinar. La regulación es una herramienta útil para controlar las sustancias y proteger a ciertos grupos vulnerables. Se debe restringir la aplicación de sanciones penales a supuestos especialmente graves, con la implementación de un modelo de regulación transversal, basado en los principios de salud pública, sostenibilidad y respeto a los derechos y las libertades públicas, que permita contener los intereses de actores económicos que no comparten el concepto de interés general. Creemos que es el momento de dar el paso a hacia una regulación del cannabis ¿qué piensas tú?
