Estimados y estimadas compañeras de lucha e ideales, este año en la Marcha Mundial de la Marihuana de Madrid, convocada el 9 de mayo del 2020 en la Puerta del Sol, queremos visibilizar, la amplitud y la transversalidad de aquellas personas y asociaciones que componemos el llamado movimiento cannábico. A todos nos une la represión que sufrimos como consecuencia de unas leyes injustas con castigos desproporcionados y nuestras ganas de construir y formar parte de una sociedad más justa y más libre.
Cada uno de nuestros colectivos tiene una visión diferente en algunos aspectos, pero todos queremos que se reformen las leyes que tienen que ver con el cannabis y que cese la criminalización y estigmatización de todo el colectivo cannábico. Por ello debemos encontrar la manera de poder trabajar en común para organizar la manifestación que debe de representar al movimiento cannábico en su vertiente más social, reivindicativa y propositiva. Con este fin proponemos abrir y sumar a la plataforma M4 a los colectivos más representativos de la escena cannábica, para que puedan participar colaborando, apoyando o difundiendo.
Las personas y colectivos firmantes del presente documento solicitamos a los poderes públicos lo siguiente:
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en aquellos aspectos relacionados con la tenencia y posesión de cannabis para consumo propio así como su cultivo para el mismo fin.
Solicitamos al Congreso de los Diputados que se inicie en la Comisión Mixta de adicciones un proceso transparente, abierto y público que, basado en la evidencia científica y en la realidad social existente en nuestro país, nos conduzca a una regulación integral del cannabis. Necesitamos unas leyes que permitan la tenencia en la vía pública, el cultivo personal, el cultivo colectivo y cooperativo a través del modelo CSC, la producción y venta con licencia y la terapia herbal o con derivados para los usuarios terapéuticos a través del sistema público de salud o la iniciativa privada.
Hasta que tal regulación se haga efectiva pedimos el fin de la represión contra las asociaciones cannábicas o Clubes Sociales de Cannabis, CSC., así como una amnistía para los delitos relacionados con cannabis, en especial para las personas condenadas por pertenecer a esas asociaciones cannábicas o Clubes Sociales de Cannabis, CSC.
Hoy, bajo el lema “plantadas en el Congreso”, hacemos entrega a todas las representantes de los partidos políticos que se presten a ello de unos obsequios de cáñamo como muestra de la necesidad de regular los diferentes usos del cannabis en el Estado Español.
La Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (ConFAC) lleva años reclamando una regulación integral de los usos del cannabis, ha llegado el momento de hacer oír nuestras voces y nuestras demandas a las diferentes fuerzas políticas, a las que pedimos una regulación de bajo riesgo que anteponga la salud de las personas usuarias y el reconocimiento de los derechos de las mismas, a intereses económicos o, prejuicios morales. Exigimos la retirada de las sanciones por tenencia y consumo en la vía pública, la despenalización del cultivo personal y colectivo, así como la regulación de los Clubes Sociales de Cannabis (CSC) como agentes de Reducción de Riesgos (RdR) y protección a los Derechos Humanos.
Los (CSC) son una alternativa de acceso al cannabis para millones de personas usuarias en el país. Ya han sido reconocidos por los Parlamentos de Navarra, País Vasco o Cataluña. Es un modelo autóctono con reconocimiento internacional, implementado legalmente en países como Uruguay o Canadá, el primero desde 2013. La realidad del Estado español, cuenta con más de 10.000 cultivadores y 1.500 CSC. Estimamos que la regulación generaría más de 8.000 puestos de trabajo de calidad y un ahorro en gasto público considerable en materia administrativa, policial y judicial.
Los propósitos para cualquier nueva política de drogas deberían ser proteger y mejorar la salud pública, reducir la delincuencia, la corrupción y la violencia, incrementar la seguridad y el desarrollo, proteger a los jóvenes y a los grupos más vulnerables, basar las políticas en evidencias, producir la mejor relación costo-beneficio para la sociedad y así proteger los Derechos Humanos de las ciudadanas y ciudadanos de este país.
Hoy #plantadasCongreso pedimos una regulación justa, eficaz y social, que proteja a las personas usuarias de cannabis y a la Sociedad Civil que lleva décadas trabajando por este cambio. Queremos que nuestras representantes públicas atiendan las demandas de la ciudadanía y regulen un modelo ético y sostenible, que lleva más de 20 años reclamando los derechos de todas. Por una política de drogas basada en la evidencia y el respeto por los Derechos Humanos.
La hipocresía absoluta que vive el Estado Español en políticas de drogas es flagrante y contraproducente. Una vez más, se da la espalda al modelo asociativo en torno al cannabis que lleva años reclamando una regulación en beneficio de la salud pública y de los derechos de todas y todos. Administraciones públicas y representantes políticos demuestran una gran irresponsabilidad humana encerrándonos en la cárcel por nuestras convicciones. Un grave atentado a los derechos humanos que hoy en La MACA vivimos en primera persona.
La MACA fue una de las primeras asociaciones cannábicas establecidas en Cataluña y fue pionera en ofrecer un servicio de acompañamiento terapéutico liderado por el Dr. Joan Parés. La MACA es una asociación comprometida con una mejora social, está conformada por socios corresponsables de un proyecto de lucha política en defensa de los derechos de las personas usuarias de cannabis. La MACA forma parte de CatFAC, ConFAC, REMA y ENCOD, y por ende forma parte del Consejo de Asociaciones de Barcelona, del Consejo de Juventud de Barcelona, del Consejo de Barrio, del Grupo de Trabajo de Drogodependencias del Ayuntamiento de Barcelona y del Vienna NGO Committee, entre otras entidades. Es una asociación que se dedica a mejorar las condiciones de las personas que viven en su barrio, que se preocupa por el entorno, que participa activamente de la comunidad que la rodea. En definitiva, que ha trabajado incansablemente para la convivencia ciudadana.
La MACA está formada por personas como tú, por hombres, mujeres, padres, madres, trabajadores, estudiantes, parados, jubilados y funcionarios ... por activistas que quieren hacer oír su voz para dar protagonismo a las personas usuarias de cannabis. Para una sociedad que se une para crear cambios y dar alternativas al puño de hierro que nos sigue ahogando con hipocresías y sistemas de control basados en postulados ideológicos y no en evidencias científicas.
Hoy, debemos denunciar más que nunca el grave ataque a nuestros derechos. Seis compañeros de lucha de La MACA han sido condenados a un total de 31 años de cárcel y multas económicas altísimas por trabajar en beneficio de todos. Por luchar activamente contra el narcotráfico, las mafias y dotar de seguridad y salud nuestra opción de vida.
Reducción de Riesgos y sostenibilidad para una política sobre cannabis basada en la evidencia y el respeto a los Derechos Humanos. Las entidades reformistas plantean modelos de regulación que ponen a las personas usuarias en el centro de estas políticas públicas.
El actual estatus legal del cannabis, se consolida en la convención única de 1961 sobre estupefacientes de Naciones Unidas, este tratado, firmado por 185 países, tuvo un marcado enfoque punitivo, en el que se comprometían a reestructurar su marco legislativo interno para cumplir con los principios recogidos en esta convención, que perseguiría conseguir ‘’un mundo libre de drogas’’. El Sistema de Fiscalización Internacional de Drogas lleva más de 58 años librando una guerra sin victoria, una guerra que ha costado miles de vidas, miles de millones de dinero público y titánicos esfuerzos. Varios líderes globales, reunidos en la Comisión Global de Política de Drogas en 2011 constataron que la guerra contra las drogas había fracasado y que había llegado el momento de pasar de un enfoque punitivo a un enfoque basado en los Derechos Humanos y la Reducción de Daños.
Las políticas punitivas no han funcionado. El cannabis continúa siendo la droga ilegal más consumida del planeta y de acuerdo con el Informe Europeo de las Drogas y las Toxicómanas de 2018, se estima que 87,6 millones de adultos europeos, de 15 a 64 años (26,3%), han consumido cannabis en algún momento de su vida. Según la 'XII Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES) 2017/2018', elaborada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el 11% de los españoles ha consumido cannabis en el último año, el porcentaje de personas que reconocen haberlo probado alguna vez en su vida se sitúa en un 35,2%. Según elObservatorio Español de las Drogas y las Adicciones, 16.400.000 personas han consumido cannabis en España alguna vez en la vida. Las administraciones públicas centran su intervención en dos vías exclusivamente, la Reducción de Daños y la vía punitiva, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado imponen cada día en España 1,043 multas por tenencia y consumo de drogas en la vía pública. El coste público de sancionar y procesar estas sanciones es elevadísimo, no hay una estimación oficial pero calculamos que se destinan más de 4,000 agentes al día a perseguir conductas relativas al uso personal de drogas. El gasto público total destinado a asuntos relacionados con drogas ascendió a casi 320 millones de euros en el año 2016.
Datos y bases para el debate de cara a las elecciones del 10 de noviembre de 2019
#AbramosDebate
En la pasada campaña electoral, más que un debate riguroso sobre las implicaciones de la regulación del cannabis y sobre qué modelo se adapta mejor a la realidad española, lo que tuvo lugar fue un intercambio desarticulado de propuestas que se presentaron en un segundo plano. En ICEERS creemos que es necesario abrir un debate con bases sólidas para poder generar políticas que prioricen a las personas usuarias, su salud y sus derechos, y que respondan a las necesidades específicas de un país en el que las prácticas relativas al cannabis son más sofisticadas que su regulación.
ICEERS lleva más de diez años trabajando para fomentar un debate abierto, democrático y basado en evidencias sobre la regulación del cannabis en España. Con la mirada puesta en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, consideramos necesario aportar instrumentos que fomenten una discusión rigurosa sobre el tema y contribuyan a sentar las bases de un análisis de los costes y beneficios de las diferentes opciones políticas.
España es pionera en el modelo de los Clubes Sociales de Cannabis (CSC). Pero el cannabis no está regulado, su consumo en público está sancionado, no existe un programa de cannabis terapéutico y esta planta genera el 58% de las detenciones por tráfico de drogas.
El uso de cannabis es un fenómeno normalizado en la sociedad española, y su falta de regulación representa un grave riesgo para la salud de millones de personas -alrededor de 3 millones y medio, quienes se estima que consumieron cannabis en el último mes. Un cambio de política podría significar mejoras sustanciales en términos de salud pública, generación de empleos y negocios sostenibles en las zonas rurales, recaudación de impuestos y protección de las personas menores de edad, así como una reducción del mercado ilícito y de los beneficios del crimen organizado.
