Plantadas en el Congreso
Hoy, bajo el lema “plantadas en el Congreso”, hacemos entrega a todas las representantes de los partidos políticos que se presten a ello de unos obsequios de cáñamo como muestra de la necesidad de regular los diferentes usos del cannabis en el Estado Español.
La Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (ConFAC) lleva años reclamando una regulación integral de los usos del cannabis, ha llegado el momento de hacer oír nuestras voces y nuestras demandas a las diferentes fuerzas políticas, a las que pedimos una regulación de bajo riesgo que anteponga la salud de las personas usuarias y el reconocimiento de los derechos de las mismas, a intereses económicos o, prejuicios morales. Exigimos la retirada de las sanciones por tenencia y consumo en la vía pública, la despenalización del cultivo personal y colectivo, así como la regulación de los Clubes Sociales de Cannabis (CSC) como agentes de Reducción de Riesgos (RdR) y protección a los Derechos Humanos.
Los (CSC) son una alternativa de acceso al cannabis para millones de personas usuarias en el país. Ya han sido reconocidos por los Parlamentos de Navarra, País Vasco o Cataluña. Es un modelo autóctono con reconocimiento internacional, implementado legalmente en países como Uruguay o Canadá, el primero desde 2013. La realidad del Estado español, cuenta con más de 10.000 cultivadores y 1.500 CSC. Estimamos que la regulación generaría más de 8.000 puestos de trabajo de calidad y un ahorro en gasto público considerable en materia administrativa, policial y judicial.
Los propósitos para cualquier nueva política de drogas deberían ser proteger y mejorar la salud pública, reducir la delincuencia, la corrupción y la violencia, incrementar la seguridad y el desarrollo, proteger a los jóvenes y a los grupos más vulnerables, basar las políticas en evidencias, producir la mejor relación costo-beneficio para la sociedad y así proteger los Derechos Humanos de las ciudadanas y ciudadanos de este país.
Hoy #plantadasCongreso pedimos una regulación justa, eficaz y social, que proteja a las personas usuarias de cannabis y a la Sociedad Civil que lleva décadas trabajando por este cambio. Queremos que nuestras representantes públicas atiendan las demandas de la ciudadanía y regulen un modelo ético y sostenible, que lleva más de 20 años reclamando los derechos de todas. Por una política de drogas basada en la evidencia y el respeto por los Derechos Humanos.
