El movimiento asociativo cannábico se une para pedir el indulto de Albert Tió, condenado a cinco años de prisión, y denunciar la creciente criminalización
La Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (ConFAC), asiste y participa en la rueda de prensa convocada por la campaña de “Consumo con Derechos” ante la inminente entrada de Albert Tió en prisión el próximo 18 de noviembre. La campaña, impulsada por las federaciones de asociaciones cannábicas, como ConFAC, o FedCac, se crea para denunciar la creciente criminalización del movimiento asociativo cannábico en los últimos años.
Durante la rueda de prensa han intervenido los diferentes participantes, entre ellos: Albert Tió, activista cannábico condenado a 5 años de prisión por la Audiencia Provincial por ser miembro de la Federació d'Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya; Joan Bertomeu, parte del equipo jurídico de Albert, miembro del Estudio Jurídico Brotsanbert, experto en la defensa de autocultivadores y de asociaciones de organización del autoconsumo o clubes sociales de cannabis; Sònia Olivella, también presente en el equipo legal como Abogada Especialista en la defensa de derechos de los consumidores de cannabis, y J.M, Afuera en representación de la Confederación de Asociaciones Cannábicas (ConFAC).
El movimiento asociativo del cannabis se ha unido hoy para pedir el indulto de Albert Tió que, en breve, deberá entrar en prisión para cumplir 5 años de condena por la sentencia a la asociación cannábica Airam en la que figuraba como secretario, y denunciar la injusta y creciente criminalización.
ConFAC apoya el mensaje lanzado desde “Consumo con Derechos”, considerando que estamos en un momento de inflexión donde la cohesión del movimiento cannábico es necesaria para encontrar un marco regulador inclusivo, que no deje a nadie atrás y que no permita que personas como Albert acaben injustamente encarcelados
Albert Tió ha explicado que con “53 años y 3 hijos menores” tiene que entrar en prisión por formar parte de la Junta Directiva de una asociación cannábica y “cultivar para las personas socias en el marco de lo que era una realidad totalmente aceptada y administrativamente tolerada, tal y como expresaba el mismo tribunal que nos condenaba “.
El acto ha servido para visibilizar el apoyo de las federaciones representantes de las asociaciones cannabicas y de las más de 15.200 personas que han firmado la petición de indulto para Albert Tió y los otros dos miembros de la directiva del club de cannabis Airam. También, se ha puesto de manifiesto la unión y la cohesión existente entre la comunidad cannábica ante las adversidades y obstáculos de las políticas punitivas y prohibicionistas que consideran deben llegar a su fin.
José Afuera, en representación de la ConFAC, el principal interlocutor estatal del sector cannábico ante la administración, ha afirmado que: “Las asociaciones cannábicas han llevado a la práctica una política de protección de la salud de las personas usuarias alejando a los consumidores del mercado negro. ¿Cómo es posible que las sentencias sean más prohibicionistas que las de hace 20 años? “
En España, el fenómeno asociativo cannábico nace de la cooperación, el esfuerzo y la movilización de la comunidad cannábica dando lugar a un modelo alternativo de regulación basado en criterios de Salud. Dado que es un modelo ampliamente extendido en nuestro territorio, es necesario poner bajo control la actividad de estas entidades y separarlas completamente de los mercados ilícitos, con la intención de reducir el impacto negativo para la salud de las personas. Aceptando entonces, que es contraproducente abordar dicha actividad mediante la persecución, y exigiendo la necesaria creación de una regulación clara y eficaz que aporte seguridad tanto a las personas usuarias del cannabis como al conjunto de la sociedad.
Cabe destacar que en el caso de Albert Tió, una vez agotada la vía interna, será estudiado en vías internacionales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tal y como han explicado el abogado Joan Bertomeu, del despacho Brotsanbert, y Sonia Olivella, abogada integrante del equipo jurídico de Albert, “buscamos que el TEDH reconozca que ha habido vulneración de derechos fundamentales en el procedimiento ya que no se ha realizado un juicio de proporcionalidad en las condenas impuestas “. De hecho, explican que en la sentencia condenatoria se reconoce la permisividad administrativa y la aceptación social de la conducta de la Junta de la Asociación Airam.
Video Defensa, Joan Bertomeu y Sonia Olivella
Las asociaciones cannábicas son las impulsoras de una propuesta reguladora a todos los niveles basada en el cultivo personal y colectivo, en un marco de reducción de riesgos y gestión de placeres, con un acceso al cannabis en un espacio seguro y privado. Por lo tanto, cuando se habla de ‘CSC’ o asociaciones cannábicas no estamos hablando de organizaciones criminales ni de delincuentes; nos referimos a la sociedad civil organizada ante las necesidades sociales y las irregularidades de los sistemas vigentes, con el fin de lograr una forma viable para el consumo y el autocultivo de cannabis de la forma más segura posible.
Teniendo en cuenta la crisis sanitaria, social y económica que se viene produciendo en el actual contexto de COVID-19, debemos considerar la situación de las personas usuarias de cannabis, ya que se enfrentan a necesidades, riesgos y vulnerabilidades únicas derivadas de la actuales políticas sancionadoras, por lo que hoy, más que nunca es necesario defender la consolidación del fenómeno asociativo cannábico, ya que serían muchos ámbitos, no solamente económicos, los que podrían verse beneficiados con la regulación de la actividad de las asociaciones de cannabis en un momento como el que nos acompaña. Entre otras cuestiones, en primer lugar, se reducirían los costes personales y comunitarios derivados de la criminalización y la estigmatización de la planta, por lo que se corregirán muchas de las consecuencias negativas previstas y no previstas derivadas de las actuales políticas punitivas en esta materia.
Por este motivo es necesaria la unión de la comunidad, el movimiento y el sector cannábico para exigir a los partidos políticos y a las instituciones públicas que doten de un marco regulador a los Clubes Sociales de Cannabis bajo criterios de Salud Pública, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos.
Para que el cambio sea posible se requiere de voluntad política, de propuestas valientes y eficaces, que tengan en cuenta las demandas de la Sociedad Civil organizada. Desde ConFAC, se hace un llamamiento a las asociaciones cannábicas para que pasen a la acción y contribuyan con las propuestas de regulación, que, desde la Confederación, se están trabajando junto con el poder legislativo para lograr establecer una regulación integral de cannabis que incluya a las personas usuarias en la ecuación.
#EnVivo Rueda de prensa | Albert Tió, activista cannábico, entrará en prisión el 18 de Noviembre.
