Clubes Sociales de Cannabis se preparan para los procesos electorales de 2023 generando una batería de propuestas
Madrid 14/11/2022 - Clubes Sociales de Cannabis (CSC) de todo el territorio español se dan cita en Madrid, los días 11 y 12 de noviembre, con motivo del Congreso de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (ConFAC). Un encuentro en que se han valorado el recorrido y diferentes aspectos del Movimiento Cannábico en España, desde su surgimiento hasta la situación en la que se encuentra en este momento.
ConFAC reivindica la necesidad de hacer partícipe a la sociedad civil en las propuestas legislativas sobre drogas, tal y como señalan los organismos internacionales de fiscalización y la propia Unión Europea. El encuentro acogió a federaciones, asociaciones y clubes miembros de la Organización, donde se debatieron algunos puntos de la evolución del modelo de CSC durante sus 30 años de historia, haciendo una reflexión sobre la necesidad de una regulación del cannabis que no deje a nadie atrás y que vele por los derechos de las personas consumidoras.
El Congreso, recupera su formato presencial después de dos años de pandemia, en un contexto donde la represión y criminalización de las personas Usuarias, grow shop, bancos de semillas y productores de CBD está alcanzando límites insostenibles nunca vistos. Se han evaluado las propuestas legislativas presentadas en el Congreso de los Diputados o la reforma de la ley mordaza, así como la aprobación de las Recomendaciones de la Subcomisión sobre cannabis medicinal, con la normativa pendiente de desarrollo en el tejado de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Las asociaciones renuevan su estrategia con un proceso participativo de un texto que verá la luz en primavera y pretende aglutinar las demandas de las asociaciones y clubes cannábicos. Después de las sugerencias recibidas a partir de la comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso de los Diputados - Senado) para el Problema de las Adicciones, en este proceso se incluirá la participación de incluir a entidades externas y expertos, para escuchar la voz de la sociedad cuando hablamos de cannabis y generar una propuesta, fruto del consenso, ponga fin a estas situaciones incomprensibles, a la sociedad civil le ha costado mucho trabajo encontrar las vías para convencer a sus representantes políticos de que es el momento de dar el paso, de que la regulación tiene que llegar ya.
Tanto es así, que esta vez abrieron las puertas de su asamblea para dar cabida a más voces dentro del mundo asociativo, de manera que pudieron acercarse asociaciones y federaciones no afiliadas que buscan aunar esfuerzos con la confederación, desde Valencia, Euskadi o Castilla y León, destacando la visita de la recién constituida federación de asociaciones cannábicas alemana (CSCD).
Del Congreso ConFAC 2022 nace la necesidad y la disposición de aglutinar las demandas de los CSC en territorio español, dándole una visión aperturista al modelo ante una realidad social que necesita de una respuesta por parte del poder legislativo. La pregunta de este Congreso ha sido qué queremos ser cuando nos regulen. Los CSC vienen a Re-Evolucionar sus propuestas con vistas a los procesos electorales de 2023.
Buenas tardes señorías, muchas gracias por darnos la oportunidad de comparecer hoy ante esta comisión. Gracias a Esquerra Republicana de Catalunya por registrarla y darnos voz. Y, gracias a todos aquellos partidos que siguen trabajando por unas políticas de drogas más justas y eficaces así como por los derechos de las personas usuarias y cultivadoras de cannabis en el Estado Español.
Antes de nada, queremos recordar a sus señorías que es la tercera vez que el movimiento cannábico comparece ante esta comisión, pues lo hizo en 2001, 2014 y 2022. Una vez cada década en los últimos 30 años, creemos oportuno remarcar que los reclamos y denuncias que vamos a exponer a continuación no distan mucho de las expuestas entonces, evidenciando ya desde un inicio que las políticas sobre cannabis en este país apenas han sido actualizadas a lo largo de los años, que distan mucho de adaptarse al ritmo de la transformación social y al del movimiento de reforma internacional.
La Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas, ConFAC, fue constituida en 2017, como una consecuencia del crecimiento natural de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) creada en 2003. Somos una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que interviene en el ámbito del cannabis, más específicamente, abogando por la regulación de los denominados Clubes Sociales de Cannabis y trabajando por el reconocimiento de los derechos de las personas usuarias, el cultivo personal y el colectivo.
Actualmente aglutinamos a más de 100 clubes en todo el Estado y trabajamos en red con múltiples entidades del tercer sector social, entre ellas entidades de Reducción de Riesgos y Daños y organizaciones dedicadas a los Derechos Humanos o la Política de Drogas. Como UNAD o No Somos Delito, entre muchas otras. Representamos a más de 15.000 personas usuarias afiliadas a ConFAC. Aunque hoy, no estamos aquí sólo para defender sus intereses, sino los de todos los clubes y asociaciones del Estado Español, que son aproximadamente unas 1500 entidades y, también, los derechos de las personas cultivadoras que demandamos que nuestra actividad sea reconocida y dignificada.
A nivel Internacional legislar sobre autocultivo y CSCs no perjudica los compromisos en materia de estupefacientes contraídos por el Estado español, ya que este modelo se deriva de un constructo lógico-jurídico del uso personal. La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefaciente y Sustancias Psicotrópicas de 1988, en su artículo número 3.2, excluye la obligatoriedad de sancionar penalmente el uso personal y las conductas relativas, en base a la interpretación de las Constituciones de los Estados Miembro.
Según el informe del 2018 de la Universidad de Swansea, escrito por la Dra. Constanza Sánchez Avilés y el experto en materia de políticas de drogas Michael Collins, la actividad de los CSCs puede enmarcarse en la interpretación de las tratados basada en los derechos humanos. Cuestión acordada también en la Sesión especial de la Comisión de Estupefacientes UNGASS 2016, donde se reconoció la autonomía de la que disponen los países miembro de las Naciones Unidas para legislar ciertos aspectos sobre drogas en su territorio.
La regulación integral del cannabis es inexorable y es cuestión de tiempo que también ustedes, nuestros representantes, tengan que abordar esta realidad. Ha quedado demostrado que las políticas punitivas no han impedido que las personas consuman drogas. En todo caso, la prohibición sí ha facilitado que lo hagan en condiciones no seguras. Ya empiezan a ser varios los países que han regulado el acceso al cannabis como mecanismo de control de la demanda: Uruguay 2013, Canadá 2017, Malta 2021 o algunos estados de Estados Unidos… Y muchos otros se han comprometido firmemente, como Alemania, Luxemburgo o la República Checa.
En el Informe Europeo sobre Drogas 2022 del Observatorio Europeo de Drogas y Adicciones se reconoce la necesidad de seguir avanzando en investigación sobre modelos de regulación, con seguimiento y monitoreo de las políticas públicas sobre cannabis que se implementen en Europa. España es un país clave cuando hablamos de cannabis. La realidad social, cultural y científica en esta materia, avanza más rápido que la maquinaria legislativa y pone en evidencia o bien, la falta de voluntad, o bien de capacidad para dar respuesta a este fenómeno.
El modelo español es uno de los más replicados a nivel global. Según el último mapeo europeo de Clubes Sociales de Cannabis realizado, en 2020, por la Universidad de Gante, encontramos que estas entidades existen en 13 países de la Unión Europea, lo que indica su extensión en el continente.
En el ámbito Europeo, ya en 2006 el comisario Frattini contestó una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea, realizada por el eurodiputado italiano Giusto Catania, que abordaba una cuestión relativa a los Clubes Sociales de Cannabis promovida por la asociación Pannagh y FAC, a la que el comisario contestó (cito textualmente). “El alcance de la Decisión Marco no cubre el cultivo exclusivamente para consumo personal, esto se define por la ley nacional¨. Por lo tanto, la regulación del autocultivo y de las asociaciones cannábicas es posible y está en sus manos. Es una decisión que les compete a ustedes señorías, es una simple cuestión de VOLUNTAD y VALENTÍA POLÍTICAS.
SEÑORÍAS, ¿VAN A PERMITIR QUE NOS QUEDEMOS ATRÁS?
En el Estado español el cannabis es la droga ilegal (5a posición por detrás del Alcohol, tabaco e hipnosedantes con y sin receta) más consumida, según el último informe de la encuesta EDADES. El 10,5% de la población entre 15 y 64 años, es decir más de 3 millones de personas, asegura haber consumido cannabis en el último año, y el 37,5% , más de 11 millones, alguna vez en la vida (Datos no actualizados desde el 2019).
En el informe de presentación de esta misma encuesta, encontramos:
De este 10,5% de personas que han consumido en el último año, el 14,6% de mujeres y un 16,2% de hombres accedieron al cannabis a través de asociaciones o clubes cannábicos, hecho que demuestra que la población que no tiene la posibilidad de cultivar, se organiza para acceder a la sustancia al margen de las redes criminales.
Que del total de las personas consumidoras solo un 3% de hombres y un 0,9% de mujeres desarrollaron algún tipo de problema asociado al consumo, evidenciando que la mayoría de personas consumidoras tienen una relación responsable con la sustancia.
Es evidente que hay que regular, la cuestión es cómo, ¿Saben ustedes cómo regular el cannabis en España? En el contexto nacional tenemos una situación privilegiada cuando hablamos de cannabis, un clima favorable, un movimiento social fuerte y una cultura cannábica arraigada. Aspiramos a una regulación que no banalice, ni demonice el consumo de cannabis, queremos una regulación que responda a los intereses reales del conjunto de la sociedad española y no a los intereses de unos pocos. Queremos una regulación que no deje a nadie atrás.
Y es por ello que, ante el inmovilismo del poder legislativo, especialmente de los partidos mayoritarios, nosotras venimos a proponer, a trabajar y a tender puentes. No somos delincuentes, somos personas, somos ciudadanas y reclamamos el derecho legítimo a ser usuarias y cultivadoras de cannabis.
Las asociaciones cannábicas son un modelo normalizado en nuestra sociedad, nacieron para prevenir los riesgos asociados a los mercados ilícitos, pero además han resultado ser una herramienta efectiva y eficaz para la implementación de políticas públicas diseñadas bajo criterios de salud y derechos humanos. Un instrumento indispensable para hacer llegar información sobre daños y riesgos a la población diana, mediante un sistema de gestión de placeres no estigmatizante y no invasivo, que promueve el tejido social y el intercambio de experiencias, creando un contexto que facilita las buenas prácticas y hábitos menos nocivos en relación al consumo.
Disponemos de un modelo de regulación que es ya una realidad en nuestro país, aprovechemos esta oportunidad para regular el acceso al cannabis para las personas usuarias de cannabis. Es hora, de hacer frente al bloqueo del Estado español. Judicializar la salud de las personas es una mala receta. La gobernabilidad incide en la capacidad del sistema político para dar respuesta a la demanda social, regulando a través de la adopción de soluciones eficaces, en igualdad de condiciones y bajo el argumento del interés general.
Regularlas no es más que ordenar ALGO QUE YA ESTÁ, QUE YA EXISTE Y QUE YA FUNCIONA.
El circuito de abastecimiento del Club Social de Cannabis, consiste en llevar a cabo las tareas de cultivo, transformación y dispensación segura y controlada de cannabis, exclusivamente para personas inscritas en el programa. REGULAR es conseguir la seguridad jurídica del ciclo completo del cultivo, garantizando controles de calidad efectivos, reduciendo riesgos y protegiendo la ¡SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICAS!
Incluso la policía y la administración municipal coinciden en que su existencia ha reducido la venta y el consumo de cannabis en la calle. Un estudio publicado en el Journal of Drug Issues en 2019 sostiene que los clubes contribuyen a que las personas consumidoras estén más y mejor informadas sobre el uso de la sustancia.
Además, el abastecimiento de cannabis a pequeña escala y de cercanía reduce la contaminación por transporte o por cultivos de interior. El World Drug Report 2022 indica que la reducción de la huella de carbono y de los gases de efecto invernadero se vería favorecida si se pasaran a cultivar las plantas de cannabis en el exterior. Por lo tanto, la regulación del cultivo de las asociaciones favorece a las políticas ecológicas y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
No es nada nuevo señorías, todas ustedes saben qué es un Club Social de Cannabis, casi todos los partidos de esta cámara han trabajado y votado a favor de alguna disposición que pusiera marco normativo a la actividad de estas entidades en algún nivel de Gobierno. El trabajo que se hizo en Euskadi, Navarra y Catalunya son un buen ejemplo de cómo la sociedad civil ha logrado trabajar de manera conjunta con la clase política y cómo estos últimos se han dado cuenta de la mejora social que supone la implementación de los CSC.
Cabe destacar que todas las iniciativas legislativas que se han dado a nivel autonómico han sido anuladas por el Estado. A su vez, varias sentencias de los Altos Tribunales exhortan al legislador a poner orden en esta realidad que excede de las competencias judiciales y autonómicas. Son ustedes los que tienen una tarea pendiente, convenzan HOY a los que tienen el poder de decisión. Porque MAÑANA SERÁ TARDE.
Cualquier Regulación sobre Cannabis debería servir a los intereses de la salud pública y el bienestar, y no los del negocio. Sus señorías deberían extraer de esta exposición que se debe asegurarse que el poder central de toma de decisiones reguladoras recae sobre las autoridades de la salud pública y no sobre los empresarios o aquellos que los representan.
Por ello, desde ConFAC, venimos a la casa de la soberanía nacional, a decir que NO PODEMOS SEGUIR ESPERANDO Y QUE NO PODEMOS SEGUIR ASÍ.
DEJEN DE REPRESALIAR Y UTILIZARNOS COMO EXCUSA PARA NO ASUMIR SUS RESPONSABILIDADES, Sabían que…
Según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en el año 2021, el 70% del total de lo recaudado por la LO 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, corresponde a la infracción por consumo o tenencia en vía pública, (tipificado en el artículo 36.16). Si tenemos en cuenta que el cannabis es la droga ilegal más consumida en el Estado español, podemos asegurar que este es el colectivo más numeroso afectado por la aplicación de esta ley.
Sin olvidar la ley de tráfico, que necesita una reforma en lo relativo a las pruebas de droga en carretera, ya que existe suficiente bibliografía científica así como leyes de derecho comparado que permiten establecer que una mínima presencia de THC en el organismo no afecta a las capacidades psicofísicas para la conducción. Además, habría que someter los aparatos de detección de drogas y los aparatos de laboratorio a la ley de control metrológico del Estado, ya que hoy en día cada fabricante y cada laboratorio establece una calibración, lo que afectaría al art. 14 del Texto Constitucional que protege y reconoce el derecho a la igualdad ante la ley.
Queremos dejar constancia en esta sala, que no es solo un sentimiento o percepción, la realidad es que las políticas de este país criminalizan, persiguen y estigmatizan a las personas usuarias y cultivadoras de cannabis, ciudadanas como ustedes, sobre las que recae el peso del castigo administrativo y penal por el simple hecho de querer acceder a una sustancia evitando los canales ilícitos que se generan por la falta de regulación. La judicialización de las políticas sobre drogas satura nuestro sistema penal y genera un ingente gasto público que podría ser derivado a incrementar la inversión en políticas educativas y de salud.
¿Saben sus señorías que hay personas que van a la cárcel por querer cultivar cannabis de manera legal?,
¿Saben sus señorías las cientos de miles de historias de vidas truncadas por los largos procesos judiciales? Condenas de banquillo que nublan el día a día de las personas que las sufren. Desgaste y ruina personal.
¿Saben ustedes que se derrochan miles de millones de euros en desproporcionadas operaciones policiales y judiciales?
Mientras ustedes intentan convencer a la sociedad sobre lo malo que es consumir cannabis y lo poco responsables que somos las personas que lo usamos, se otorgan licencias a empresas que lo cultivan, venden y exportan a países donde sí es legal. Este doble rasero ejemplifica claramente su visión sobre el cannabis: el cultivo será ilegal, menos para unas pocas empresas que se puedan permitir los inalcanzables costes asociados a la obtención de licencias.
¿Van a seguir dando la espalda a esta incoherencia? Señoras y señores, dejen de mentir, dejen de engañar en nombre de la SALUD PÚBLICA, y reconozcan que les incomodamos, el cannabis es el elefante en la habitación, todos sabemos que es una realidad, pero nadie se atreve a abordarla.
Las injusticias y desigualdades que genera la prohibición se perpetúan en un sistema perverso que fomenta la corrupción, la delincuencia y el blanqueo de capitales a gran escala. Por no hablar de las posibles derivaciones de flujos monetarios al terrorismo. ESTO NO PUEDE CONTINUAR Y USTEDES TIENEN LA POTESTAD PARA PONER LA PRIMERA PIEDRA DEL CAMBIO.
El cannabis no es una cuestión de color político, y a estas alturas o bien es IGNORANCIA o bien es una HIPOCRESÍA pensar que la hierba en este país aparece por arte de magia en las estanterías de nuestros hogares y que las personas usuarias de cannabis se van a conformar con consumir una hierba de la que desconocen la calidad o procedencia.
Por desgracia, estos últimos años venimos observando como distintos gobiernos han adoptado líneas de acción que amenazan las Iniciativas que desde el colectivo cannábico hemos construido. Cultivadoras, empresas, activistas y clubs están siendo amenazados.
Nos podrán sancionar, nos podrán perseguir, pero no nos van a parar. Si algo hemos demostrado como colectivo es que somos capaces de resistir, que nos adaptamos a los desafíos, que somos la perfecta definición de lo que significa RESILIENCIA.
A todas aquellas personas usuarias, autocultivadoras y asociaciones que nos estáis escuchando, que nos acompañéis, estamos aquí para defender vuestros derechos, estamos aquí para daros voz, para luchar por vuestros intereses. este modelo único, lo hemos creado entre todos y todas, y hoy saldremos de aquí con la cabeza bien alta y orgullosas del movimiento en el que nos hemos convertido.
Sumaros, movilizaros, sigamos haciendo ruido, y demostremos que no descansaremos hasta conseguir nuestro objetivo, una regulación del cannabis inclusiva que integre la realidad de cada una de nosotras.
Para concluir señorías. Hoy hemos venido a exigirles una vez más que piensen en la gente. Es hora de asumir los retos y oportunidades del momento político que afrontamos. Partimos de la experiencia de los últimos años, de los proyectos y luchas en las que hemos participado, que nos han llevado a darnos cuenta de la necesidad de dotarnos de herramientas e infraestructuras que perduren en el tiempo. En este sentido, ponemos el foco de nuestras fuerzas y objetivos en que las personas usuarias de cannabis sean el centro del desarrollo de las políticas de drogas futuras.
QUEREMOS QUE NOS ESCUCHEN Y QUE NOS TENGAN EN CUENTA
NADA DE NOSOTRAS, SIN NOSOTRAS
Y es por ello que EXIGIMOS una regulación para nuestra actividad:
Que garantice la seguridad jurídica y cese la criminalización para autocultivadoras, grow shops, productoras de semillas y Clubes Sociales de Cannabis.
Que se reconozca el derecho al cultivo individual y colectivo, así como los circuitos de abastecimiento regulados, sin necesidad de imponer licencias con tasas millonarias.
Que se reconozca y repare el daño causado a las víctimas, personas como usted y como yo, con nombre propio, Fernanda de la Figuera, Antonio Moreno, Martín Barriuso, Moncho, Jose Afuera, Maite , Anna, Albert Tió, Josetxu, Victor Sagués, Francisco, Javier… y muchas otras y otros que nos hemos visto afectadas y seguimos afectadas por la guerra contra las drogas en este país.
Que se proclame una amnistía para todas las personas presas de este país por causas no violentas relacionadas con drogas.
Que se regule la producción y venta de productos de CBD.
Que la Fiscalía deje de imputar a los CSC con el cargo de organización criminal.
Que el Plan Nacional Sobre Drogas cree un grupo de trabajo en el que se incorpore la voz de las personas consumidoras, las protagonistas de esta cuestión.
Que se derogue la ley mordaza y demás disposiciones que criminalizan a las personas usuarias, como la ley de tráfico.
Que se dediquen más recursos a dar información objetiva a la ciudadanía, a programas de reducción de riesgos a los grupos vulnerables y a estudiar el fenómeno cannábico imparcialmente.
En definitiva, queremos una Ley que ponga el foco en las personas y su salud, que sea dinámica y se adecue a la velocidad de transformación de nuestra sociedad, que tenga en cuenta el conocimiento adquirido por las personas que tanto tiempo llevamos trabajando esto. Nuestro país se merece unas políticas de drogas MEJORES, MÁS JUSTAS Y EFICACES, ¿REGULAMOS DE UNA VEZ POR TODAS?
Esperamos sus señorías, que la TERCERA SEA LA VENCIDA.
Quedamos a su entera disposición para cualquier duda o aclaración que pueda surgir.
La Subcomisión sobre cannabis medicinal del Congreso de los Diputados ha votado de forma positiva a dar el aval al informe final de conclusiones para regular el uso terapéutico de esta sustancia. En un plazo de 6 meses desde la aprobación de este informe por la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, que previsiblemente ocurrirá las próximas semanas, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recogerá estas recomendaciones para que "tengan encaje en la normativa y sean viables, permitiendo la disponibilidad en el mercado farmacéutico de extractos o preparados estandarizados del cannabis".
Sin entrar en valoración del informe, desde la organización realizamos una aportación al Punto 2 de las Conclusiones
Hay preparaciones de cannabis que pueden tener usos terapéuticos, y para facilitar la investigación sobre ellos y su uso potencial se excluyó de la lista IV anexa a la Convención Única en 2020, con el voto favorable de España, manteniéndose en la lista I, que fija su consideración legal como estupefacientes y obliga a su fiscalización. La fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de las sustancias incluidas en esta lista deben limitarse a usos médicos y científicos.
Hacemos publico el mensaje enviado a los diferentes grupos parlamentario, para su valoración y corrección-
Estimados grupos parlamentarios,
Con motivo de las conclusiones y recomendaciones de la subcomisión para estudiar el uso de cannabis con fines medicinales, les remitimos la siguiente consideración:
Les recordamos que el uso, la posesión y el cultivo para uso personal es una reserva que se realizó a las Convenciones del 61 y del 71 en el artículo 3.2 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. La reserva se aplica a los países en los que pueda entrar en contradicción con sus Constituciones y sus Sistemas Jurídicos, generalmente los países democráticos con un amplio reconocimiento de derechos en su Carta Magna.
En tanto en cuanto la Convenciones hacen referencia a materia penal y en nuestra Constitución se reconoce el derecho a la Salud, a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y un sinfín de derechos que interaccionan de un modo u otro con el consumo personal de cannabis, los altos tribunales del Estado han asentado una jurisprudencia firme respecto al consumo y el cultivo para uso personal.
Por no ajustarse a derecho y ser una regresión en la interpretación de los Derechos Humanos y las Libertades Civiles en España, solicitamos la supresión de 'uso y posesión' de la Conclusión número 2 del informe de la SUBCOMISIÓN AL OBJETO DE ANALIZAR EXPERIENCIAS DE REGULACIÓN DEL CANNABIS PARA USO MEDICINAL (154/11).PROPUESTA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
El TS reduce la pena de 6 años a 6 meses y muestra la ambigüedad de la aplicación de las leyes y la vulneración de derechos de estas asociaciones
Victoria agridulce para un club cannábico histórico de Barcelona
Desde la MACA (Movimiento Asociativo Cannábico de Autoconsumo) queremos trasladar nuestro alivio y descontento con la sentencia que nos absuelve de cumplir penas de prisión a todas las personas imputadas. La MACA Barcelona, fundada en 2006, fue una asociación pionera en Barcelona, manteniendo su funcionamiento basado en los Códigos de Buenas Prácticas de los Clubes Sociales de Cannabis. La MACA abrió el camino social y lo trasladó a los medios de comunicación y a la vida pública, convirtiéndose en punta de lanza para asociaciones cannábicas de la ciudad condal y de todo el territorio español.
La Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia por las intervenciones que se produjeron a los cultivos de autoabastecimiento, una decisión judicial que dejó helado al movimiento cannábico, a activistas y a luchadoras sociales que reconocían en la MACA una clara actividad relacionada con los derechos sociales, el camino para seguir avanzando en justicia social sin miedo y dar visibilidad a su causa. También, para que la regulación de los clubes de personas usuarias de cannabis sea efectiva y todas, en cualquier parte de España, superaran el vacío legal al que tienen que hacer frente a estas alturas, después de tanto camino recorrido.
La Audiencia condenó a una media de cinco años a cada uno de los seis imputados por ser miembro de la junta directiva y a la persona encargada del cultivo colectivo, con multas de hasta 200.000€ para cada imputado. La persecución legal a la que estábamos siendo sometidos, ha hecho que la trayectoria de la MACA no haya sido fácil y acordó su disolución. Sin embargo y después de tantos éxitos logrados, el trabajo realizado durante tantos años no podía ser condenada.
Recurrimos al Tribunal Supremo, que ha absuelto a dos de los miembros de la junta directiva y rebaja la sentencia del resto de miembros a dos condensa de seis meses de prisión. Celebramos que ningún implicado será privado de su libertad por desarrollar una actividad con los vigentes principios constitucionales, coherente también con la realidad social y con las necesidades legítimas de la ciudadanía. Pero consideramos injusta una sentencia que no ponga en valor el trabajo social y político, dejando a sus implicados, activistas por los derechos de reconocido prestigio, en una situación de vulnerabilidad y estigma asociado a los antecedentes penales.
Por ello creemos, que una vez más el Poder Judicial carga contra los avances sociales y legislativos, en lugar de analizar un modelo claramente orientado a conseguir el bienestar de las personas y aplica de nuevo su estrategia punitiva de represión y acoso a un modelo de acceso a la sustancia reconocido internacionalmente, prohibiendo a las personas su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la prevención de la salud y a la seguridad. Pedimos de nuevo a los poderes públicos que doten a la sociedad de unos instrumentos que verdaderamente incidan en la protección de la salud y en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas consumidoras, que es el objeto del modelo Cannabis Social Club, al que contribuyó La MACA con su labor.
Esto aún forja más nuestro convencimiento de que las políticas sobre drogas no funcionan en este país. Y nos reafirma en nuestro empeño de ver un acceso a cannabis de calidad, bajo unas condiciones de seguridad. Es hora de hacer frente al bloqueo político del Estado español y dejar de judicializar la salud de las personas. La alternativa que presentan las asociaciones cannábicas para regular el cannabis de forma integral es una nueva vía, abierta desde la inteligencia y la desobediencia colectiva, que no pretende banalizar el consumo, sino conseguir un acceso con menos riesgos y más información.
Esperamos que el poder legislativo dé respuesta a las necesidades de millones de personas en este país con una regulación que garantice los derechos de las personas consumidoras, cultivadoras y trabajadoras del cannabis, basado en criterios de salud, ética y sostenibilidad. Por una regulación del cannabis con justicia social y respeto a los derechos, continuaremos haciendo camino hacia la regulación del cannabis en nuestro país. Marcha con nosotras el 7 de mayo en Madrid. #MMMM22
Las Mesas Sembrando el Cambio 2022 se celebran el 5 de mayo a las 18:00h, en el Centro Sociocultural Clara Campoamor de Madrid, bajo el título, abriendo caminos alternativos hacia la regulación. En estas charlas participarán organizaciones y plataformas como UNAD, No Somos Delito, Energy Controlo el OECCC, entre otras.
Las Mesas Sembrando el Cambio son el espacio de debate cannábico anual que organiza ConFAC en el marco de los eventos previos a la Marcha Mundial de la Marihuana de Madrid. Este 2022 es el 25º Aniversario de la Marcha. Esta actividad se encuentra enmarcada en el programa de actividades de Marihuana en Marcha.
En estas Mesas se hace una aproximación a los aspectos del cannabis que ocupan un lugar preponderante en la agenda política actual y los retos sociales y políticos con los que se encuentra el movimiento cannábico, repasando aspectos sobre salud y derechos fundamentales para las personas consumidoras y cultivadoras de cannabis. Más información próximamente a través de los canales de difusión de ConFAC y Marihuana en Marcha, con los hashtags #MMMM22 y #SiembraCambio22
Programa
18:00h Presentación
Presentador y moderador de la jornada: Fernando Aranaz (Luky) (ConFAC)
18:10h Retos de futuro sobre la regulación del acceso a cannabis en perspectiva de Salud Pública
El debate describe los retos de futuro para la regulación del cannabis en perspectiva de Salud Pública. La mesa abordará cuestiones como la Reducción de Riesgos en los Clubes Sociales de Cannabis y algunas claves sobre la perspectiva de salud y bienestar, tratando de definir qué elementos se deberían tener en cuenta en una regulación que respete los derechos de personas usuarias y colectivos y cuál es la importancia de la perspectiva de la reducción de riesgos y daños en este contexto.
Antón Gomez-Escolar (Energy Control Madrid)
Máster en Psicofarmacología y Drogas de Abuso en la Universidad Complutense de Madrid, Antón es analista científico especializado en psicodélicos, otras drogas ilegalizadas y reducción de riesgos/daños. Es articulista en la Revista Cáñamo, conferenciante, formador en drogas en diversos centros y trabaja con empresas de psicodélicas, ONGs y programas de información, reducción de riesgos/daños, análisis de drogas y apoyo en emergencias psicodélicas, como Energy Control (ABD). Actualmente también es miembro de la Comisión de Políticas Globales de Drogas de la UNAD, miembro de la Asociación Europea de ciencia psicodélica MIND y miembro cofundador de la Sociedad Psicodélica de Madrid. Fue trainee en el Observatorio Europeo de Drogas y Drogadicción EMCDDA de la UE.
Tre Borràs (Directora PASDR)
Psiquiatra y psicoterapeuta. Es directora del Servicio de Adicciones y Salud Mental del Hospital Universitario de Sant Joan de Reus desde 1989 y es Directora del Plan de Acción sobre drogas de Reus desde 2006. Autora y colaboradora de diversas publicaciones y materiales audiovisuales sobre su especialidad. Ha formado parte de varios grupos de trabajo y asesoramiento, programas, planes y publicaciones del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y del PNSD. Ha participado en programas de cooperación internacional. Es miembro de diferentes sociedades científicas y de la Academia de Ciencias Médicas donde ha formado parte de la junta directiva de la sección de Salud Mental. Además combina su carrera profesional con el activismo pasando por organizaciones como ARSEC, ARSU, REMA y Mujeres Cannábicas.
Joaquín Negro (UNAD)
Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Sexología por la Universidad Camilo José Cela. Con más de diez años desarrollando su trayectoria profesional en ONG, actualmente soy coordinador de proyectos en UNAD – La Red de Atención a las Adicciones. Coordinador técnico de la Comisión de Intervención de UNAD e integrante del grupo de trabajo sobre VIH de la Red Iberoamericana de ONGs de Drogas (RIOD). Representante en el Foro de la Sociedad Civil de VIH de la Comisión Europea y representante en el Comité Asesor y Consultivo de ONG (COAC) del Plan Nacional Sobre el SIDA.
19:00h Pausa
19:10h Actualidad política y avances significativos que se prevén en la legisltura
Situación actual del movimiento social y situación política relativa al cannabis en el Congreso de los Diputados. Una charla imprescindible para activistas, autocultivadoras y Clubes Sociales de Cannabis, donde se tratarán temas como la subcomisión de cannabis medicinal, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, las leyes cannábicas en el Congreso y otras cuestiones territoriales que están sucediendo en el Estado.
Sara López Martín (No Somos Delito)
Activista en derechos humanos y libertades sociales y abogada. Portavoz de No Somos Delito, una organización que aglutina a más de 100 entidades y plataformas, entre las que se encuentran Iridia, Novact, Greenpeace, Amnistía Internacional o la Comisión Legal Sol, esta última, de la que ella forma parte, es una plataforma creada en la Puerta del Sol durante el 15M por abogadas y activistas para asesorar a la ciudadanía sobre sus derechos en plena revolución social, esta comisión sigue trabajando en el asesoramiento y acompañamiento de personas sancionadas, así como en casos de represión policial en concentraciones o manifestaciones y trabajo de incidencia institucional y social.
Jorge Bergua (OECCC)
Grado en Ciencia Política y Administración Pública (UAM). Máster en Humanidades ecológicas (UAM-UPV). Voluntario desde hace 10 años en la Asociación La Torre de Hortaleza, entidad dedicada a trabajar con familias en riesgo de exclusión social, motivo por el cual está interesado por la regulación del cannabis y las políticas de drogas. Miembro del Consejo técnico del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC), un grupo multidisciplinar de expertos, sin ánimo de lucro, que propone alternativas a los modelos legales en materia de cannabis.
Ana Afuera(ConFAC)
Politóloga con su carrera profesional especializada en la política de Drogas. Coordinadora del Grupo de Incidencia Política y Social de ConFAC y miembro del Comité Ejecutivo de la Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces (ENCOD), donde coordinó la Guía de Clubes Sociales de Cannabis Europea. Ha colaborado en diversas publicaciones sobre drogas, tanto en revistas científicas como en las ONG donde ha desarrollado su carrera profesional. Durante su trayectoria ha realizado funciones de incidencia política en todos los niveles de gobierno en materia de drogas. En la actualidad continúa su vida académica en el ámbito de la politología.
20:10h Contribuciones de las organizaciones y partidos políticos asistentes
