ConFac

El movimiento asociativo cannábico se une para pedir el indulto de Albert Tió, condenado a cinco años de prisión, y denunciar la creciente criminalización

La Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (ConFAC), asiste y participa en la rueda de prensa convocada por la campaña de “Consumo con Derechos” ante la inminente entrada de Albert Tió en prisión el próximo 18 de noviembre. La campaña, impulsada por las federaciones de asociaciones cannábicas, como ConFAC, o FedCac, se crea para denunciar la creciente criminalización del movimiento asociativo cannábico en los últimos años.

 

Imagenes de la rueda de prensa celebrada el 10 de Noviembre en la Audiencia Provincial de Barcelona

 

Durante la rueda de prensa han intervenido los diferentes participantes, entre ellos: Albert Tió, activista cannábico condenado a 5 años de prisión por la Audiencia Provincial por ser miembro de la Federació d'Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya; Joan Bertomeu, parte del equipo jurídico de Albert, miembro del Estudio Jurídico Brotsanbert, experto en la defensa de autocultivadores y de asociaciones de organización del autoconsumo o clubes sociales de cannabis; Sònia Olivella, también presente en el equipo legal como Abogada Especialista en la defensa de derechos de los consumidores de cannabis, y J.M, Afuera en representación de la Confederación  de Asociaciones Cannábicas (ConFAC).

 

Instantánea recogida en la rueda de prensa.

 

El movimiento asociativo del cannabis se ha unido hoy para pedir el indulto de Albert Tió que, en breve, deberá entrar en prisión para cumplir 5 años de condena por la sentencia a la asociación cannábica Airam en la que figuraba como secretario, y denunciar la injusta y creciente criminalización. 

ConFAC apoya el mensaje lanzado desde “Consumo con Derechos”, considerando que estamos en un momento de inflexión donde la cohesión del movimiento cannábico es necesaria para encontrar un marco regulador inclusivo, que no deje a nadie atrás y que no permita que personas como Albert acaben injustamente encarcelados

Albert Tió ha explicado que con “53 años y 3 hijos menores” tiene que entrar en prisión por formar parte de la Junta Directiva de una asociación cannábica y “cultivar para las personas socias en el marco de lo que era una realidad totalmente aceptada y administrativamente tolerada, tal y como expresaba el mismo tribunal que nos condenaba “.

 

Video Albert Tio 

 

El acto ha servido para visibilizar el apoyo de las federaciones representantes de las asociaciones cannabicas y de las más de 15.200 personas que han firmado la petición de indulto para Albert Tió y los otros dos miembros de la directiva del club de cannabis Airam. También, se ha puesto de manifiesto la unión y la cohesión existente entre la comunidad cannábica ante las adversidades y obstáculos de las políticas punitivas y prohibicionistas que consideran deben llegar a su fin.

José Afuera, en representación de la ConFAC, el principal interlocutor estatal del sector cannábico ante la administración, ha afirmado que: “Las asociaciones cannábicas han llevado a la práctica una política de protección de la salud de las personas usuarias alejando a los consumidores del mercado negro. ¿Cómo es posible que las sentencias sean más prohibicionistas que las de hace 20 años? “

 

Video de Jose Afuera

 

En España, el fenómeno asociativo cannábico nace de la cooperación, el esfuerzo y la movilización de la comunidad cannábica dando lugar a un modelo alternativo de regulación basado en criterios de Salud. Dado que es un modelo ampliamente extendido en nuestro territorio, es necesario poner bajo control la actividad de estas entidades y separarlas completamente de los mercados ilícitos, con la intención de reducir el impacto negativo para la salud de las personas. Aceptando entonces, que es contraproducente abordar dicha actividad mediante la persecución, y exigiendo la necesaria creación de una regulación clara y eficaz que aporte seguridad tanto a las personas usuarias del cannabis como al conjunto de la sociedad. 

Cabe destacar que en el caso de Albert Tió, una vez agotada la vía interna, será estudiado en vías internacionales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tal y como han explicado el abogado Joan Bertomeu, del despacho Brotsanbert, y Sonia Olivella, abogada integrante del equipo jurídico de Albert, “buscamos que el TEDH reconozca que ha habido vulneración de derechos fundamentales en el procedimiento ya que no se ha realizado un juicio de proporcionalidad en las condenas impuestas “. De hecho, explican que en la sentencia condenatoria se reconoce la permisividad administrativa y la aceptación social de la conducta de la Junta de la Asociación Airam. 

 

Video Defensa, Joan Bertomeu y Sonia Olivella

 

Las asociaciones cannábicas son las impulsoras de una propuesta reguladora a todos los niveles basada en el cultivo personal y colectivo, en un marco de reducción de riesgos y gestión de placeres, con un acceso al cannabis en un espacio seguro y privado. Por lo tanto, cuando se habla de ‘CSC’ o asociaciones cannábicas no estamos hablando de organizaciones criminales ni de delincuentes; nos referimos a la sociedad civil organizada ante las necesidades sociales y las irregularidades de los sistemas vigentes, con el fin de lograr una forma viable para el consumo y el autocultivo de cannabis de la forma más segura posible

Teniendo en cuenta la crisis sanitaria, social y económica que se viene produciendo en el actual contexto de COVID-19, debemos considerar la situación de las personas usuarias de cannabis, ya que se enfrentan a necesidades, riesgos y vulnerabilidades únicas derivadas de la actuales políticas sancionadoras, por lo que hoy, más que nunca es necesario defender la consolidación del fenómeno asociativo cannábico, ya que serían muchos ámbitos, no solamente económicos, los que podrían verse beneficiados con la regulación de la actividad de las asociaciones de cannabis en un momento como el que nos acompaña. Entre otras cuestiones, en primer lugar, se reducirían los costes personales y comunitarios derivados de la criminalización y la estigmatización de la planta, por lo que se corregirán muchas de las consecuencias negativas previstas y no previstas derivadas de las actuales políticas punitivas en esta materia. 

Por este motivo es necesaria la unión de la comunidad, el movimiento y el sector cannábico para exigir a los partidos políticos y a las instituciones públicas que doten de un marco regulador a los Clubes Sociales de Cannabis bajo criterios de Salud Pública, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos.

Para que el cambio sea posible se requiere de voluntad política, de propuestas valientes y eficaces, que tengan en cuenta las demandas de la Sociedad Civil organizada. Desde ConFAC, se hace un llamamiento a las asociaciones cannábicas para que pasen a la acción y contribuyan con las propuestas de regulación, que, desde la Confederación, se están trabajando junto con el poder legislativo para lograr establecer una regulación integral de cannabis que incluya a las personas usuarias en la ecuación.

#EnVivo Rueda de prensa | Albert Tió, activista cannábico, entrará en prisión el 18 de Noviembre.

 

Argentina va por la regulación del autocultivo de cannabis para uso medicinal pero el boletín oficial se retrasa más de lo previsto

 

 ¡Argentina se planta! Después de tres años de vigencia de la Ley 27.350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, el Estado argentino dará a conocer la nueva reglamentación en la que se espera se garanticen las diferentes formas de acceso a las personas usuarias que utilizan el cannabis con fines terapéuticos. 

La nueva reglamentación del cannabis medicinal en Argentina se demora más de lo previsto. En un principio, el boletín oficial se iba a dar a conocer en el mes de octubre, pero el Gobierno no dio señales y, por ahora, las personas que necesitan la marihuana para paliar dolencias y/o complementar y acompañar sus tratamientos siguen en la clandestinidad. 

 

 

Detalles de este cambio de paradigma y métodos de acceso

Son tiempos de transformación en la Argentina en materia de cannabis. El cambio de paradigma está en la puerta de entrada y todo indica a que el Estado saldará una de las deudas de la democracia. Las informaciones apuntaban a este pasado mes de octubre, pero el Gobierno continúa retrasando mucho más de lo previsto el anuncio con el boletín oficial. 

A comienzos de este 2020 caótico, el Gobierno les entregó al consejo consultivo formado por agrupaciones especialistas en la materia un borrador con la nueva reglamentación de la Ley Nacional de Cannabis Medicinal. Luego de ser analizado, hubo una devolución con diferentes observaciones. Argentina en su Ley 27.350 (2017), habilitó el uso medicinal de la planta de marihuana, pero la falta de reglamentación de artículos clave continuaba dificultando el acceso al autocultivo medicinal y el expedido de aceite en farmacias. Por dicho motivo, se lanzó la nueva propuesta para el Proyecto de Regulación del Cannabis en Argentina. 

 

 

Si bien aún no se conocen los detalles de los requisitos y controles, lo concreto es que el registro de patologías dejaría de ser solo para epilepsia refractaria, expandiéndose a otras enfermedades y síntomas que con tras el dictamen anterior quedaron en un vacío legal. Con la nueva reglamentación, además, se permitiría y quedaría avalado el autocultivo para esas personas que lo necesiten por tratamientos o para paliar dolores.

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Argentina va por la regulación del autocultivo de cannabis para uso medicinal pero el boletín oficial se retrasa más de lo previsto

 

Argentina va por la regulación del autocultivo de cannabis para uso medicinal pero el boletín oficial se retrasa más de lo previsto 

 

 ¡Argentina se planta! Después de tres años de vigencia de la Ley 27.350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, el Estado argentino dará a conocer la nueva reglamentación en la que se espera se garanticen las diferentes formas de acceso a las personas usuarias que utilizan el cannabis con fines terapéuticos. 

 

En principio, el boletín oficial se iba a dar a conocer en el mes de octubre, pero el Gobierno no dio señales y por ahora, las personas que necesitan la marihuana para paliar dolencias y/o complementar y acompañar sus tratamientos siguen en la clandestinidad. 

 

Detalles de este cambio de paradigma

 

Son tiempos de transformación en la Argentina en materia de cannabis. El cambio de paradigma está en la puerta de entrada y todo indica a que el Estado saldará una de las deudas de la democracia. Las informaciones apuntaban a este pasado mes de octubre, pero el Gobierno continúa retrasando mucho más de lo previsto el anuncio con el boletín oficial. 

 

A comienzos de este 2020 caótico, el Gobierno les entregó al consejo consultivo formado por agrupaciones especialistas en la materia un borrador con la nueva reglamentación de la Ley Nacional de Cannabis Medicinal. Luego de ser analizado, hubo una devolución con diferentes observaciones. Argentina en su Ley 27.350 (2017), habilitó el uso medicinal de la planta de marihuana, pero la falta de reglamentación de artículos clave continuaba dificultando el acceso al autocultivo medicinal y el expedido de aceite en farmacias. Por dicho motivo, se lanzó la nueva propuesta para el Proyecto de Regulación del Cannabis en Argentina. 

 

Si bien aún no se conocen los detalles de los requisitos y controles, lo concreto es que el registro de patologías dejaría de ser solo para epilepsia refractaria, expandiéndose a otras enfermedades y síntomas que con tras el dictamen anterior quedaron en un vacío legal. Con la nueva reglamentación, además, se permitiría y quedaría avalado el autocultivo para esas personas que lo necesiten por tratamientos o para paliar dolores.

 

Métodos de acceso

 

¿Cómo sería el procedimiento para cultivar cannabis para uso medicinal? Se abrirá un registro para autocultivo; cultivo solidario desarrollado por un familiar de la persona que lo necesite o una tercero; y cultivo asociado creado por asociaciones civiles.

 

Todos estos métodos deberían contar con una prescripción médica que indique el uso de cannabis y sus derivados e inscribirse en el REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis).

 

El otro cambio de paradigma será la venta de productos derivados del cannabis en farmacias, en la que también se solicitaría una prescripción médica. Se podrán adquirir preparados creados en la misma Argentina. De esta manera el acceso dejaría de estar limitado solo a importaciones.

 

Cannabis y sus derivados para animales

 

La lucha de los veterinarios argentinos se hizo escuchar y en la reglamentación de la 27.350 también se incluirá el uso del cannabis y sus derivados para “no humanos”. Lo saliente de esta nueva reglamentación del cannabis medicinal en Argentina es que los investigadores que estudian las cualidades del cannabis podrán hacerlo tanto en humanos como en animales. 

 

En cuanto a las investigaciones, se le dará un rol fundamental a las Universidades del país, tanto las públicas como privadas y tendrán el acompañamiento de las asociaciones especializadas en cannabis.

  

¿Cuándo sale el boletín oficial? Todavía no hay una fecha específica, pero en la Argentina ya empiezan las reclamaciones debido a la demora en la publicación prevista para finales del mes de octubre. Hoy en día, la nueva reglamentación está siendo analizada en la oficina de legal y técnica del presidente Alberto Fernández para las últimas revisiones. Tras ser anunciada, el Programa de Cannabis del Ministerio de Salud de la Nación dará a conocer los requisitos.

 

Mientras tanto, las personas que usan cannabis y sus derivados para tratamientos o paliar dolores continúan esperando desde la clandestinidad por una decisión política que sería mucho más respetuosa con los derechos humanos.

 

¿Y el uso responsable de las personas que no tienen patologías, es decir el cannabis para uso recreativo? Por ahora, nada. Lamentablemente en la agenda política no figura en lo inmediato el crear una Ley  de regulación integral del cannabis que contemple todos los usos. Tampoco existe la intención de modificar o derogar la Ley de Drogas 23.737, que tiene 31 años de vigencia y estigmatiza, persigue y criminaliza a las personas sin importar el uso que le den a las sustancias. Para estos cambios de paradigmas, los argentinos deberán seguir esperando desde la clandestinidad.  

 

Cáñamo industrial

 

Mientras el país espera el boletín oficial que dará a conocer la nueva reglamentación de la Ley 27350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación la propuesta que busca el desarrollo de cultivos estatales y privados.

 

Los usos industriales de la planta de cannabis, más conocido como cáñamo, serán una realidad en Argentina. El pasado jueves 15 de octubre, la diputada Mara Brawer (Frente de Todos) presentó en la Cámara de la Nación el proyecto de ley para impulsar el cultivo cañamero. Lo destacable es que el mismo cuenta con el respaldo de integrantes del bloque oficialista como de Juntos por el Cambio e interbloque Federal.

 

Además del proyecto que se presentó en Diputados, el senador Alfredo Luenzo -también del oficialismo “Frente de Todos”) creó su propio proyecto cañamero para instalar este cambio de paradigma en el Senado de la Nación. Veremos cómo continúa el avance de la marea verde en la Argentina.

 

Informe Anuar Peche.

Fotos: Tamatta Pe y Leandro Forst

Propuestas presupuestarias para establecer un marco regulatorio de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis

 

La crisis económica, social y sanitaria, provocada por la Covid-19, ha puesto de manifiesto muchas de las precariedades a todos los niveles de los sistemas vigentes que rigen el país. Entre las cuestiones que subyacen, surge y urge la necesidad de crear y establecer una regulación para los distintos usos del cannabis en el Estado Español.

Las políticas de drogas actuales han demostrado que son radicalmente incompatibles con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que nos marcan la agenda internacional hasta 2030 y no solo eso sino que son inadecuadas para afrontar el reto de adaptación y desarrollo que supone la entrada a la denominada “Nueva Normalidad”. Con el objetivo general de demotivo de la generación de recursos para cumplir con estos objetivos básicos y necesariosla Confederación de federaciones de asociaciones cannábicas (ConFAC) publica hoy un informe macroeconómico sobre la fiscalidad de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis. 

 

Desde la Confederación, se defiende una propuesta de regulación del cannabis articulada a través de un modelo autóctono y de referencia internacional, como es el modelo de asociación de personas consumidoras de cannabis, que ha demostrado su efectividad a la hora de canalizar parte de la oferta y la demanda de cannabis, velando por la salud y los derechos de las personas consumidoras. 

 

Durante la pandemina y, según las estimaciones de nuestra organización aproximadamente 10.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, se han visto afectados por el cierra de estas entidades, lo que además ha supuesto como consecuencia que miles de personas usuarias, entre ellas terapéuticas, hayan tenido que recurrir a redes ilícitas para acceder a la substancia, obtener su medicina, cannabis, asumiendo riesgos para su salud y la del conjunto de la sociedad.

 

 

En aras de la seguridad, y tal como establece el PNSD en la actual Estrategia Nacional Sobre Adicciones (2017/2024) “ [...] Hoy en día, la prevención se enfrenta a nuevos retos:[...] las presiones hacia la legalización del cannabis[...]son aspectos que precisan de nuevas respuestas. Es vital poner bajo control la actividad de estas entidades, por lo que se hace necesaria una renovación y revalorización de las partidas presupuestarias para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) y de partidas transversales en materia drogas, para que estas organizaciones puedan desarrollar su actividad con total eficiencia y eficacia.

El documento se desarrolla asumiendo la necesidad de establecer responsabilidades ante una realidad presente e indudable. Se calcula que el número estimado de estas entidades es de 1.500aunque se prevé que este dato podría aumentar en un contexto de seguridad jurídica. La regulación de esta actividad puede llegar a hacer aflorar más de 20.000 puestos de trabajo en España. El balance muestra un claro beneficio económico para las arcas públicas. Se realiza una estimación que corresponde a un ingreso para el Estado de entre 218 y 607 M €Además, esta regulación podría suponer un incremento del 0,35% del PIB anual durante los próximos años. Pero, los beneficios económicos no son lo esencial en una regulación sobre cannabis. 

 

 

El informe, creado ad hoc para la propuesta de regulación del cannabis para España, muestra la idoneidad de desarrollar un marco regulatorio para la actividad de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis basado en la evidencia científica y las necesidades sociales. Estas asociaciones, con un amplio reconocimiento internacional, promueven una regulación diseñada conforme a parámetros de salud que atienden a la prevención y reducción de riesgos, donde se separe la actividad de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis de los mercados ilícitos.

 

 

Para la ConFAC, la Salud Pública, la Seguridad Ciudadana y los Derechos Humanos son los conceptos que deben guiar la regulación del cannabis, por lo que en el informe se ofrece una lista de los ámbitos que se verían beneficiados con una regulación de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis, reduciendo, entre otras cuestiones, los costes personales y comunitarios derivados de la criminalización y estigmatización causados por las actuales políticas de fiscalización y control de drogas. 

 

 FORMULARIO DE ACCESO AL INFORME COMPLETO. 

Stop represión, Play a la regulación del Cannabis en España.

 Hoy, viernes, 24 de julio de 2020, hacemos llegar, al Sr. D. Fernando Grande-Marlaska Gómez, Ministro del Interior, reivindicaciones del movimiento social cannábico relativas a la reforma de la política de drogas, especialmente a la regulación de las asociaciones cannábicas. Debido a la fuerte presión policial a la que se ve sometido nuestro colectivo, por la falta de seguridad jurídica para estas entidades, creemos pertinente trasladar nuestras inquietudes y demandas.

 

 

A esta situación de inseguridad, se suma  la crisis sanitaria, económica y social que pone a prueba nuestra responsabilidad y cohesión para superar nuevos retos, evidenciando la necesidad de abordar con efectividad las políticas sociales, como la consideración de acceso seguro a cannabis con fines recreativos para personas adultas. El cierre de las asociaciones cannábicas por Covid19, puso a las personas consumidoras en contacto con un mercado ilícito donde se relacionan con la clandestinidad, no obtienen acompañamiento, se adulteran sustancias, desconocen su composición y un sinfín de impactos negativos para su salud y su seguridad. Esta situación lejos de haber sido abordada o solucionada, vuelve a estar presente ante los nuevos contagios producidos en todo el territorio español en las últimas semanas.

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5 años de mordazas ¡Basta!: Por una nueva legislación que garantice los derechos humanos

Tras 5 años desde su entrada en vigor, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, sigue campando a sus anchas. Los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica e información han sufrido un retroceso desde su aprobación.

Un quinto aniversario que llega en un contexto de pandemia en el que desde las organizaciones de la sociedad civil se ha manifestado la preocupación ante casos de arbitrariedad policial en la imposición de multas durante el estado de alarma.

A pesar de que la Ley Mordaza contara con la oposición del resto de los grupos parlamentarios, a pesar de las advertencias por expertos de Naciones Unidas sobre la vulneración de derechos humanos que implicaría su aplicación, y de las persistentes movilizaciones de la sociedad civil para frenarla, en marzo de 2015 se aprobó y el 1 de julio del mismo año entró en vigor.

En los años anteriores hubo un gran número de movilizaciones mayoritariamente pacíficas, marcadas por el 15M, las mareas y las marchas por la dignidad, que hicieron frente a las medidas de austeridad y los recortes adoptados por el gobierno de servicios básicos y derechos económicos y sociales como la sanidad, afectando a gran parte de la población y especialmente a grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

 En aquellos años denunciamos el uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el contexto de manifestaciones, la imposición creciente de multas por la mera asistencia a movilizaciones, así como actuaciones abusivas y arbitrarias contra periodistas y fotógrafos que documentaban la labor policial, sin que estos abusos fuesen investigados de forma adecuada.

Con la Ley Mordaza se avanzó en la dirección errónea reduciendo el espacio cívico, poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica e información, aumentando las sanciones a formas legítimas de protesta, así como la cuantía de otras sanciones ya existentes.

Comprobamos que muchas de estas sanciones se aplicaban en contextos de protestas pacíficas, por ejercer la libertad de expresión o por ejercer el derecho de información. Y que la Ley Mordaza ampliaba los poderes de la policía sin establecer a su vez mecanismos independientes de control policial y rendición de cuentas, lo que podía implicar impunidad ante la prevalencia de la posición de la administración frente a los ciudadanos en todo el procedimiento sancionador administrativo. 

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Nacida de la necesidad: se publica guía de buenas prácticas para el desconfinamiento de las asociaciones cannábicas

versión actualizada   Asociaciones cannábicas presentan Guía de Buenas Prácticas para el desconfinamiento. Alrededor de 10.000 puestos de trabajo destruidos y miles de personas usuarias terapéuticas abocadas a mercados ilegales

La crisis provocada por la epidemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una regulación para este sector, que se ha quedado desamparado durante el período de cuarentena. Como consecuencia, miles de personas usuarias se han visto abocadas a redes ilícitas para obtener su cannabis, con los consecuentes riesgos para su salud y para la propagación del virus. Mientras que donde se goza de una regulación, se ha garantizado este servicio ante la alta demanda, véase en San Francisco o en los Países Bajos.

Según nuestras estimaciones, alrededor de 10.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, se han visto afectados por el cierre de estas entidades, dejando a muchas de estas personas en un limbo, ya que a la falta de regulación se añade la falta de un convenio laboral al que acogerse, con verdaderos problemas para conseguir continuar con sus actividades sin constituir un riesgo jurídico para juntas directivas y asociadas.

Dicha inseguridad se extiende a las miles de personas vulnerables, que por motivos terapéuticos acceden a su paliativo mediante el servicio que ofrecen las asociaciones; las cuales no pueden acceder con las garantías necesarias a sus tratamientos; o han tenido que recurrir a mercados informales donde la calidad y condiciones de higiene no pueden ser controladas; o no cumplen con sus necesidades específicas.

Numerosas entidades supranacionales, como el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías o la Asociación Internacional de los Cannabinoides como Medicina, han advertido de los riesgos que conlleva no garantizar el acceso a los servicios para estos perfiles, con consecuencias devastadoras para las personas y para la sociedad.

Ante la sensación de desprotección, desde la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas, presentamos hoy la Guía de Buenas Práctica para el desconfinamiento de los espacios privados de consumo cannábicos, que tiene como objetivo remarcar aspectos clave de cara a la contención del virus, adaptando las medidas y recomendaciones del Gobierno a la doctrina que guía nuestras actividades y a las especificidades del sector.

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