Sigue la mordaza para las usuarias de drogas
- Medidas insuficientes que dejan a millones de personas consumidoras sin alternativa a la sanción
- Persiste la vulneración del derecho a la intimidad por la tenencia de drogas con una regulación no garantista de identificación y cacheos
- El autocultivo en el aire, siendo una sanción sin tradición que da pie a interpretaciones arbitrarias
Las personas usuarias destacamos que los avances sobre drogas que propone el acuerdo de gobierno para reformar la ley mordaza son insuficientes y, aunque hay progresos significativos, no garantizan plenamente algunos derechos fundamentales en esta materia. Destacamos de forma positiva la degradación de la tenencia en vía pública, de una sanción grave a una leve, aunque la consideramos una reforma tímida, ya que la posesión de drogas para uso personal no conlleva ningún daño para el bien jurídico protegido, la seguridad ciudadana.
Recordamos que con esta sanción se vulnera sistemáticamente el derecho a la intimidad, derecho consagrado en el artículo 18.1 de nuestra Constitución. Siendo contrario a las directrices internacionales y europeas que se dirigen hacia una reinterpretación de la política de drogas basada en los derechos fundamentales y en criterios de salud pública, más que en la vía punitiva. Porque también los riesgos legales afectan a la salud, consideramos que dicha sanción es anacrónica, denigrante, estigmatizante y anticonstitucional, dejando atrás de nuevo a millones de personas que consumen sustancias fiscalizadas en este país.
Destacamos que en materia de identificación, cacheo y registro se proponen medidas para poner límites a algunos de los puntos que generaban más arbitrariedad policial, aunque aún no se alcanzan los niveles exigibles a una sociedad plenamente democrática, ya que los cacheos se utilizan permanentemente para reprimir al colectivo de personas consumidoras de drogas, vulnerando su derecho a la intimidad, a la dignidad, a la salud y a no ser discriminado por cuestión de raza, religión o pensamiento, entre otros derechos humanos.
Los cacheos y la tenencia, se utilizan de forma tendenciosa como excusa para intervenir a las asociaciones cannábicas. Por lo tanto da pie a la vulneración del derecho de asociación, a la privacidad y a no ser perseguido por pertenencia a un determinado grupo social. Aquí también destacamos que la intención y la aplicación de las leyes deben ser acordes con los valores democráticos, el interés general y los objetivos que pretenden perseguir.
Por el otro, el autocultivo en ventanas y balcones no ha sido incluido en el acuerdo de Gobierno. La retirada de esta sanción está contemplada en la proposición de ley de reforma del Partido Nacionalista Vasco, pero en este punto se aprecia una controversia en el seno del ejecutivo. Esto aboca a miles de personas autocultivadoras a crecer y florecer sus plantas en el interior, lo que contraviene los objetivos en materia de sostenibilidad medioambiental y transición ecológica y es incoherente con los propios objetivos de este Gobierno.
En cuanto al consumo en vía pública, afecta especialmente a jóvenes que no disponen de domicilio privado para consumir o personas en situaciones de vulnerabilidad, con lo cual en muchas ocasiones - con multa de 601 a 30.000 euros - nunca se llegan a pagar o se acentúan las condiciones de precariedad. En nuestro país las sanciones superan las 300.000 multas anuales por tenencia o consumo personal de cannabis en la vía pública, este es uno de los puntos donde la aplicación de la ley se ha mostrado más activa, tanto desde el punto de vista punitivo como recaudatorio. Generando prácticas policiales fundamentadas en la "mera sospecha" contra cierto tipo de personas de un perfil concreto o con una estética determinada sin que esta sospecha esté debidamente fundamentada bajo criterios objetivos, lo que deja un amplio abanico de arbitrariedad.
Pese a ser claramente insuficiente, destacamos algunos avances en la inclusión de nuevos criterios de graduación del importe de la sanción y en la posibilidad de incluir mecanismos de compensación o acceder a tratamiento para anular la sanción. Aun así, alertamos de la desigualdad que se puede generar en su aplicación territorial como ha sucedido en el pasado. Por ello, se recomienda la implementación de protocolos similares al modelo portugués, estandarizando los controles acordes a la realidad de la persona usuaria.
Por todo lo expuesto, desde el colectivo cannábico pedimos un último esfuerzo a los grupos parlamentarios para que replanteen estas cuestiones en el margen de maniobra que les dejan las enmiendas transaccionales, que se contemplen los derechos fundamentales en los citados artículos y que sean valientes para progresar en las políticas sobre drogas desde una perspectiva garantista. Queremos un mundo de drogas informado y libre de mordazas.
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