Asociacionismo cannábico y empoderamiento comunitario: Proceso de participación de la sociedad civil en las políticas sobre drogas
Estamos felices de presentaros el nuevo proceso de participación interna para entidades afiliadas a ConFAC con motivo de la presentación de las proposiciones de ley cannábicas en el Congreso de los Diputados. El Club Social de Cannabis es un modelo reconocido en todo el mundo, los países europeos comienzan a dar pasos hacia la reglamentación del autocultivo y de las asociaciones cannábicas (Luxemburgo, Malta, etc.). Sin embargo, estas entidades todavía no gozan de reconocimiento en el país que las vió nacer. Con el fin de dinamizar y engrasar los mecanismos internos de participación de cara a un proceso legislativo, en el que las bases sociales se empoderen, realizando propuestas colectivas, más allá de las visiones particulares, iniciamos un proceso participativo, que se prolongará hasta finales de enero de 2022, para la realización de las asambleas territoriales, presentación de enmiendas y la dinamización de los diferentes niveles organizativos.
La inclusión de la sociedad civil en el desarrollo e implementación de políticas de drogas es ampliamente reconocida como de importancia crítica. Los aportes de la sociedad civil pueden proporcionar un contexto adicional a las consideraciones políticas, dando a los responsables políticos acceso a una mayor variedad de conocimientos e información, y pueden respaldar la legitimidad popular de las acciones políticas. En resumen, una participación estructurada y formal de la sociedad civil (CSI) en los ámbitos políticos puede equipar mejor a los estados para planificar, implementar y medir iniciativas políticas, contribuyendo así directamente a los objetivos estratégicos nacionales y de la UE sobre drogas.
La Estrategia de la UE apoya firmemente el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) de 2016 sobre el mundo problema de las drogas titulado "Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar el problema de las drogas”, que es el documento de política más completo a ese respecto. Reconoce que la sociedad civil, así como la comunidad científica y el mundo académico, desempeñan una función importante para abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas, permitir que las poblaciones afectadas y los representantes de las entidades de la sociedad civil, desempeñen una función participativa en la formulación y aplicación de las políticas y programas de lucha contra las drogas, y en el suministro de los datos científicos pertinentes de apoyo a la evaluación de dichas políticas.
Las reformas de las políticas de drogas deben ser parte integral de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible. Los países deben evaluar las implicaciones de sus políticas de drogas para todas las secciones relevantes de sus planes nacionales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Deben determinar el impacto de las políticas sobre drogas en la vida de las personas, la seguridad pública y el bienestar de las comunidades, así como en la cohesión social y el desarrollo, como parte integral de la medición del progreso en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Los países deberían explorar, hasta qué punto las políticas sobre drogas promueven u obstaculizan el objetivo general de los ODS de no dejar a nadie atrás. Deben tener en cuenta las pruebas de que la prohibición y las políticas basadas en la aplicación de una ley represiva y punitiva han causado un daño grave a los sectores de la salud, la sociedad, la educación y la economía, y han marginado a un gran número de personas. Los países deben considerar la política de drogas como parte de una deliberación más amplia sobre el tipo de sociedades que desean lograr para 2030 y cuán inclusivas deberían ser esas sociedades. Como respuesta a cuestiones tan trascendentales, los países deberían avanzar hacia la regulación de las drogas actualmente ilegales, con miras a sacar el mercado ilegal de las manos de la delincuencia organizada y garantizar la salud, la seguridad, la dignidad y el desarrollo equitativo de sus poblaciones.
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