Barcelona anula las licencias de asociaciones cannábicas y el Gobierno no regula
- Anulado el Plan urbanístico de Barcelona sobre asociaciones cannábicas por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
- Alrededor de 200 asociaciones con licencias activas en la ciudad tendrán que adaptarse a las nuevas medidas del consistorio barcelonés y enfrentarse a una campaña de inspecciones
- El Gobierno omite su responsabilidad de regular las asociaciones cannábicas mientras los tribunales les asestan un nuevo golpe
El Ayuntamiento de Barcelona anula el plan urbanístico que ordenaba a las asociaciones cannábicas de la ciudad desde 2016. Las asociaciones pierden sus licencias municipales y pasan a ser clubes sociales privados, con ello se dejan de garantizar aspectos como la ubicación, la salubridad o la ventilación específicas de esta actividad. Todo ello bajo el pretexto de la promoción del consumo y del cultivo de cannabis, actividades prohibidas para estas entidades desde que existen.
La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su Sentencia 1627/2020, de 2 de junio, concluyó que el ayuntamiento no tiene competencias en materia de regulación y ordenación de estas entidades, ya que pueden ser susceptibles de una comisión de delito penal, lo que dilucidar entra en competencias exclusivamente estatales. El último recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento fue rechazado por el Tribunal Supremo en abril de este año. Esta decisión marca un precedente para el resto de ayuntamientos del Estado en los que todavía existen licencias para esta actividad.
Esta sentencia obliga al consistorio a transformar alrededor de 200 licencias de asociaciones cannábicas en clubes sociales privados y abre una fase de intervención y control por parte de las autoridades de la ciudad, lo que significa que se realizará una ronda de inspecciones individualizadas que podrían conllevar el ordenamiento de cierres o la apertura de diligencias penales a varios clubes y asociaciones, así como posibles sanciones bajo criterios que todavía se desconocen. Después de diversos litigios de algunas asociaciones en los tribunales, paralelos a los recursos del ayuntamiento, los perjudicados pierden el dinero que costó la licencia, se quedan desamparados y una vez más criminalizados. Asociaciones que aún esperan la comunicación oficial por parte del ente local, donde se detallen las indicaciones para poder proceder dentro de la legalidad con esta actividad, exigen más transparencia.
Como impactos en el medio plazo, podemos encontrar la no limitación de asociaciones cannábicas en la ciudad y, por ende, una posible masificación de estos locales sin cumplir ningún tipo de normativa ambiental, de higiene, de salubridad o de ordenación específica para su actividad. Esta decisión fomenta los mercados ilícitos y abre la veda para los grupos de crimen organizado, con el riesgo de que invadan la ciudad con prácticas que generen distintos tipos de violencias. Una nueva negligencia de las autoridades, propiciada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que al limitar las potestades regulatorias del ayuntamiento, fomentan el crimen organizado y la estigmatización del movimiento social, haciendo más difícil la diferenciación y ordenación de esta realidad. El propio ayuntamiento reconoce ‘’la necesidad de una regulación de esta actividad desde el punto de vista de la salud pública que es desde donde entiende que se tiene que tratar el fenómeno’’.
Desde ConFAC se viene advirtiendo de los impactos negativos que supone no regularizar la actividad de estas entidades, que además de socavar los derechos de las personas consumidoras, supone un perjuicio para la salud de las mismas. Ya estamos en la segunda parte de la legislatura y desde los partidos de Gobierno se está omitiendo esta responsabilidad ineludible en los próximos años. El partido socialista tiene entre sus manos el futuro de la regulación del cannabis, una patata caliente que devuelve a las entidades en reiteradas ocasiones, demostrando una vez más que gobierna que es un tema que no le interesa, que lo considera impopular. Por ello, se exige a las legisladoras que haya un reconocimiento del trabajo que desempeñan estas entidades desde hace tres décadas. ¡Regulación ya!
Aquí tenéis los materiales desarrollados por CatFAC para que podéis utilizarlos según vuestras necesidades. Ayudarnos a visibilizar el apoyo social para poder exigir al gobierno un cambio radical en las políticas de drogas que ponga fin a esta ola de represión.
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